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Politica

Lamentan el crecimiento de la corrupción en plena pandemia

21 DE DICIEMBRE DE 2020

La activista Aidé Vera y la diputada Kattya González coincidieron en señalar que existe una sinergia colectiva de varias entidades de los tres poderes del Estado a favor de la impunidad.

La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y la abogada Aidé Vera, del grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE), lamentaron que la corrupción no detuvo su ascenso durante la pandemia este año, sino que, por el contrario, aumentó a la par de la impunidad que aqueja al país.

“La pandemia lo que hizo fue desnudar, poner al descubierto una vez más, la fragilidad de nuestras instituciones y la miserabilidad de esta narcocleptocracia. Entendemos que no hubo ninguna intención de articular acciones desde este Gobierno para priorizar el bien común por encima del bien particular. Nos encerraron para robarnos”, cuestionó González.

La legisladora, quien también preside el Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, señaló que existe una sinergia colectiva entre muchas instituciones en favor de la impunidad.

Aclaró que si bien es cierto que un grupo de diputados de la oposición intenta poner al descubierto los hechos de corrupción y hacer funcionar a instituciones como el Ministerio Público, finalmente son las instancias administrativas las que deben actuar.

Citó que entes como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Anticorrupción, entre otros, no estuvieron a la altura de las circunstancias.

“Pasó lo que pasa y seguirá pasando en este país hasta que no se asuma que realmente la corrupción es un mal endémico que hay que combatirlo con coraje y con una decisión política fuerte que actúe no en compartimentos estancos. El fracaso al final fue de todos, porque al haberse activado solamente un mecanismo que fue el de unos diputados que denuncian hechos de corrupción, y al haber fracasado todo el resto del engranaje vuelve a triunfar la impunidad”, se quejó la parlamentaria, quien denunció hechos de corrupción.

Subrayó que el pacto de impunidad está muy marcado entre los tres poderes del Estado, a lo cual se suma muchas veces la desconfianza y la apatía ciudadana, aunque recordó que también hubo amedrentamientos para quienes buscaban manifestarse.

“Aprovecharon las restricciones no para ellos ponerse un bozal e intentar remediar las cosas que estaban mal y corregirlas, sino para utilizarlas como un búmeran en contra de la ciudadanía”, dijo en relación a las imputaciones contra quienes protestaron por la corrupción, lamentando que para otros ni siquiera hubo imputación (casos como el de Karim Salum o el matrimonio de la hija del ex presidente Horacio Cartes).

“Hay una contradicción muy grande entre lo que se exigió a la ciudadanía y lo que realmente ocurrió”, resaltó González.

Mayor. Por su parte, Aidé Vera indicó que “para desgracia de nuestro país, la corrupción se acrecentó en esta pandemia”.

Recordó que el Congreso autorizó millonarios préstamos para fortalecer el casi inexistente sistema de salud, pero gran parte del dinero se utilizó para compras irregulares descubiertas gracias a la intervención de algunos diputados.

“Todas las instituciones del Estado, amparadas en el estado de emergencia, realizaron compras fabulosas de productos por 3 o 4 veces mayor a su precio normal, como la Dinac y Petropar”, rememoró sobre las denuncias que terminaron en las destituciones de los titulares de estas entidades.

Al igual que la diputada, Vera señaló que ningún organismo de control, y mucho menos la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, fue capaz de detener “la corrupción galopante”.

“El grave problema de nuestro país es la impunidad. Es tanto el dinero que se roba que alcanza para comprar impunidad. Hay jueces y fiscales venales, corruptos. Todos los juicios iniciados terminan en nada, ahí está el caso de Óscar González Daher y Raúl Fernández Lippmann (ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados), el del diputado Miguel Cuevas, por citar algunos. La justicia debería ser implacable, ejemplificadora, pero es todo lo contrario porque es cómplice de la impunidad”, declaró la abogada de CACE.

Al mismo tiempo, recordó que existe un gran porcentaje de legisladores que tienen cuentas pendientes con la Justicia o negocios prósperos con el Estado, quienes hacen honor al corporativismo, como un cartel de la mafia donde todos se protegen.

“Tenemos un Ministerio Público inoperante, negligente, servil a la clase política corrupta. La fiscala general (Sandra Quiñónez) debe salir; ya no representa los intereses del país, es complaciente con los corruptos e implacable con los que salimos a exigir el cese de la impunidad y denunciar los hechos de corrupción”, fustigó la jurista.

Vera subrayó que CACE seguirá reclamando el fin de la impunidad, controlando los procesos penales en mesas de trabajo con la Contraloría General de la República (CGR) y a través de acciones activistas en diferentes distritos del país.

Casos de corrupción en plena pandemia

Caso tapabocas de oro: El escándalo desatado por la presunta sobrefacturación en la adquisición de tapabocas salpicó primeramente a Édgar Melgarejo, entonces titular de la Dinac y uno de los hombres más cercanos a Mario Abdo. El escándalo lo obligó a dimitir en abril pasado, un mes después de decretarse la cuarentena total, debido a la compra de 4.000 mascarillas a G. 29.990 cada una, ante la sospecha de presunta sobrefacturación. La investigación se inició tras varias publicaciones y reclamos realizados a través de las redes sociales. Se corroboró que la empresa y el consorcio que suministraron los tapabocas tenían un contrato de mantenimiento con la institución y que serían firmas de maletín.

Caso agua tónica: A la par de que Melgarejo renunciaba a su cargo, la titular por entonces de la petrolera estatal (Petropar), Patricia Samudio, se encontraba en el ojo de la tormenta por otra presunta sobrefacturación. Tras la polémica, Samudio dejó el cargo seis días después de que lo haya hecho Melgarejo. El procedimiento guardó relación con una denuncia de supuesta sobrefacturación en la compra de tapabocas y termómetros, además de la llamativa adquisición de agua tónica para la petrolera. Las compras, realizadas a través de la vía de excepción, fueron licitadas a la empresa Solumedic SA, en el marco del combate contra el Covid-19. Samudio está procesada por presunta lesión de confianza y tiene medidas alternativas a la prisión.

Caso Imedic: Se comprobó otra presunta irregularidad en la provisión de insumos médicos (camas) para el Ministerio de Salud por parte de la firma Imedic SA, propiedad de Justo Ferreira y Patricia Ferreira. Padre e hija están imputados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ambas firmas incurrieron en supuestos incumplimientos contractuales, indicios de colusión, falta de presentación de registros sanitarios de los insumos entregados y provisión de documentación a otro oferente del llamado. La cartera sanitaria rescindió los contratos con ambas firmas el 25 de mayo porque además de otras irregularidades los insumos no llegaron a tiempo.

Fuente: Ultima Hora.

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