SANTA RITA – La justicia vuelve a quedar en tela de juicio. Walter Ramón Acosta, abogado imputado por coacción, coacción grave y resistencia, protagonizó un episodio que escandaliza a la ciudadanía: celebró su libertad ambulatoria con una fiesta en la granja del también abogado Ever Ferreira, desatando una ola de críticas y cuestionamientos éticos y judiciales.
El motivo de la imputación no es menor: Acosta agredió a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), en un acto que evidencia un preocupante abuso de poder y violencia institucional. Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento, optó por festejar con total desparpajo su salida, aunque condicionada, de las rejas.
La Cámara de Apelaciones de Alto Paraná ratificó la medida que le otorga libertad ambulatoria con restricciones, desoyendo las advertencias tanto del Ministerio Público como de la parte querellante, quienes habían advertido sobre un posible riesgo de fuga y la potencial obstrucción del proceso judicial.
La presencia de figuras como Sandro Wilko, empresario conocido en la zona, en el evento festivo, añade un tinte de impunidad y privilegio al caso. El festejo no solo refuerza la percepción de que la justicia favorece a quienes tienen poder e influencias, sino que también representa una afrenta directa a las víctimas de violencia laboral y a los servidores públicos del país.
Desde distintos sectores, la indignación no se hizo esperar. Trabajadores del INTN y ciudadanos organizados han expresado su repudio, considerando que el accionar del abogado, sumado a la permisividad del sistema judicial, constituye una burla a la justicia y una peligrosa señal de tolerancia hacia la violencia institucional.
Este caso, convertido en símbolo de una justicia desigual, obliga a repensar con urgencia los criterios de evaluación en casos de violencia, especialmente cuando los agresores pertenecen a círculos de poder.