La jueza de paz Liz Lobo, designada como interina en la jurisdicción de la Recoleta tras la suspensión del magistrado titular, denunció el desorden administrativo en el juzgado, lo que dificulta la localización de expedientes, especialmente en el marco de la causa conocida como «mafia de los pagarés».
La magistrada informó que elevó un reporte a la Corte Suprema de Justicia detallando la situación y propuso un plan de contingencia para reorganizar el juzgado.
Ante las numerosas denuncias relacionadas con el caso, la falta de orden en la documentación impide dar respuestas ágiles a los requerimientos judiciales.