El manejo de las federaciones deportivas afiliadas al Comité Olímpico Paraguayo vuelve a generar fuertes cuestionamientos. Deportistas, entrenadores y dirigentes de distintas disciplinas denuncian la existencia de un sistema de control político y administrativo que, según afirman, favorece a dirigentes alineados con las autoridades del organismo y excluye a quienes no responden a ese esquema.
Las críticas apuntan directamente al actual presidente del COP y precandidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez López Moreira, y al secretario general Juan Carlos Orihuela. De acuerdo con los testimonios, ambos habrían consolidado un modelo de poder que se replica en varias federaciones deportivas, donde las asambleas se organizan con plazos cuestionados, convocatorias selectivas y procesos que limitarían la participación de sectores críticos.
Según los denunciantes, el patrón se repite en disciplinas como natación, patinaje, gimnasia y otras federaciones vinculadas al COP. En estos espacios, sostienen que los dirigentes que no acompañan a la estructura de poder terminan siendo desplazados de cargos, marginados de decisiones o directamente excluidos de los procesos electorales internos.
Federaciones bajo cuestionamiento
El análisis de las transferencias públicas destinadas al deporte también genera interrogantes. Dirigentes críticos señalan que varias federaciones vinculadas al COP reciben importantes recursos provenientes del Estado a través de la Secretaría Nacional de Deportes.
Entre las entidades mencionadas se encuentran:
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Comité Olímpico Paraguayo
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Unión de Fútbol del Interior (UFI)
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Federación Paraguaya de Atletismo
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Asociación Paraguaya de Golf
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Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos
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Federación Paraguaya de Tenis de Mesa
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Federación Paraguaya de Hipismo
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Federación Paraguaya de Voleibol
Según las denuncias, muchos dirigentes mantienen presencia simultánea en federaciones y en el COP, lo que —afirman— genera una estructura cerrada de poder que permite controlar decisiones internas y el destino de los recursos.
Los críticos sostienen que existe un “mecanismo de ascenso” dentro de esa estructura: dirigentes pasan de integrar comisiones directivas de federaciones a ocupar cargos dentro del COP, pero continúan influyendo en las mismas organizaciones mediante dirigentes cercanos.
Recursos públicos y resultados deportivos
Otra de las críticas apunta al uso de recursos públicos destinados al deporte olímpico. Según los datos citados por los denunciantes, entre el ciclo olímpico de Río 2016 y Tokio 2020 el Estado paraguayo habría destinado cerca de 21.000 millones de guaraníes para la preparación y participación en los Juegos Olímpicos.
En ese periodo, Paraguay envió ocho atletas, de los cuales siete participaron por invitación y solo uno clasificó con marca deportiva, lo que alimenta el debate sobre la eficiencia del sistema de financiamiento deportivo.
Polémica en la Federación de Gimnasia
El conflicto más reciente se registra en la Federación Paraguaya de Gimnasia, donde dirigentes y afiliados cuestionan el proceso rumbo a la asamblea electiva prevista para el 27 de marzo.
Las críticas se centran en la actual presidenta Paula Espínola, a quien acusan de impulsar un proceso electoral irregular para mantenerse en el cargo. Entre las irregularidades denunciadas figuran:
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Falta de publicación formal de la convocatoria en los plazos estatutarios.
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Comunicaciones selectivas solo a clubes considerados afines.
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Exclusión de afiliadas que promueven una alternativa de conducción.
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Presentación tardía del calendario electoral.
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Falta de acceso al balance financiero para su análisis previo.
También se cuestiona que balances anteriores habrían sido aprobados sin aclaraciones suficientes, incluso —según denuncian— con actas que reflejarían votos distintos a los manifestados durante las asambleas.
Denuncias previas y reclamos por protección a víctimas
Otro de los puntos sensibles mencionados por dirigentes del ámbito de la gimnasia se refiere a un caso ocurrido años atrás dentro del entorno de esa disciplina, que derivó en la condena penal de un entrenador por abuso sexual contra menores.
Según los denunciantes, el caso generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo y planteó cuestionamientos sobre las medidas institucionales adoptadas en ese momento. Dirigentes y familiares de atletas sostienen que las autoridades deportivas debieron brindar mayor respaldo y acompañamiento a las víctimas.
Las críticas también alcanzan a la conducción del COP, señalando que el organismo no habría intervenido con mayor firmeza ante la gravedad de los hechos ni impulsado mecanismos de protección para las atletas afectadas.
Un debate abierto sobre el modelo deportivo
Las denuncias reabren el debate sobre la transparencia en la gestión del deporte paraguayo, el uso de fondos públicos y el funcionamiento interno de las federaciones.
Para numerosos deportistas y entrenadores, el principal reclamo es que las instituciones deportivas recuperen autonomía, transparencia y procesos electorales abiertos que garanticen la participación de todos los sectores.
Mientras tanto, el clima dentro de varias federaciones sigue marcado por tensiones internas y cuestionamientos al modelo de conducción del deporte olímpico en Paraguay.