Una docente identificada como Ana Ovelar relató públicamente la difícil situación económica y emocional que atraviesa a raíz de supuestos descuentos salariales y deudas vinculadas al denominado esquema de la “mafia de los pagarés”, un caso que en los últimos años ha generado múltiples denuncias en el país.
Según explicó, desde hace varios años su salario viene sufriendo importantes descuentos, situación que la llevó a buscar asesoramiento legal para intentar ordenar su situación financiera. Sin embargo, asegura que el resultado fue aún más complicado.
De acuerdo con su testimonio, la abogada que contrató inició una convocatoria de acreedores sin que ella comprendiera plenamente las implicancias del procedimiento, lo que —según afirma— terminó agravando su situación.
“En vez de ayudarme, me hundió más”, expresó la docente, visiblemente afectada por el escenario que enfrenta.
Ovelar señaló además que al revisar su extracto salarial aparecen cuentas y entidades que asegura no conocer, entre ellas una firma denominada Amaral, lo que incrementó su preocupación.
“Hace muchísimo que no debo más por vía ministerial y siguen apareciendo cuentas. Mi deuda llega por los 500 millones de guaraníes”, manifestó.
La docente sostuvo que el problema viene arrastrándose desde hace años y que actualmente atraviesa un cuadro de estrés severo debido a la incertidumbre sobre cómo podría afrontar un monto de esa magnitud.
“Estoy desesperada, no duermo más. ¿En qué momento voy a pagar todo eso? Es una locura”, lamentó.
Además, señaló que teme posibles consecuencias legales tras recibir comentarios de que incluso podría enfrentar problemas judiciales, situación que —según dijo— incrementa su angustia.
La docente también se preguntó cuántos otros colegas podrían estar atravesando situaciones similares, dentro de un esquema que ha sido denunciado en distintos ámbitos como un sistema de endeudamiento abusivo vinculado a pagarés y descuentos salariales.
El caso se suma a otras denuncias relacionadas con la llamada “mafia de los pagarés”, un fenómeno que afecta principalmente a trabajadores públicos y que ha motivado investigaciones y reclamos para revisar los mecanismos de control sobre créditos y descuentos aplicados a salarios.