En los últimos días se han publicado denuncias contra la actual administración del SENADIS (Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad), grupos de madres y funcionarios se encargan de presentar documentos donde acusan a la actual Ministra Mariela Ramírez que no está capacitada para el cargo, solo esta ahí porque su marido es un legislador.
Las denuncias también involucran al diputado Hugo Ibarra, a quien acusan de utilizar el SENADIS para su campaña de reelección.
En los actos políticos en el Departamento de Caaguazú, el diputado Ibarra entrega sillas de ruedas, audífonos, muletas como si fuera que él mismo los haya comprado, sin siquiera nombrar al SENADIS. Los denunciantes dicen que las sillas de ruedas fueron donadas por el gobierno de China y fueron todos utilizados para la entrega en los actos políticos.
Usuarios de la institución se quejan de la falta de medicamentos y profesionales, »no hay psiquiatras, psicólogos, neurólogos» según manifestaron.
Lo más grave que sucedió dentro del SENADIS fue la muerte de un usuario de 20 años que en la espera de ser atendido convulsionó durante 45 minutos, en la institución no tenían el medicamento anticonvulsivo, no había ambulancias.
»El médico clínico que lo asistió hizo lo que pudo, pero le pedía a la enfermera algún medicamento y esta respondió que no había» comentó el padre del fallecido.
Se está conformando una asociación de padres de usuarios del SENADIS para intentar enfrentar a las autoridades que en ningún momento pusieron la cara para explicar qué está pasando en esta institución tan delicada.
Intentamos hablar con la ministra Mariela Ramírez y nos dijeron que no estaba, luego nos derivaron a su jefa de gabinete, que tampoco supo que explicar.
Todos los días asisten a esa institución personas con necesidades que no pueden esperar más, deben pagar pasajes, y luego le dicen que el profesional no está o que no hay medicamentos.
Mientras los usuarios esperan los medicamentos y a los profesionales, el SENADIS prioriza un llamado para »mayor seguridad» de un monto de 750 millones de guaraníes y varias otras consultorías, sin necesidad para la institución.