El senador Rafael Filizzola sostuvo que la controversia por los fondos públicos depositados en ueno bank ya trasciende una discusión administrativa o política y podría tener consecuencias penales. Apuntó directamente a la responsabilidad del Gobierno de Santiago Peña, cuestionó al Banco Central del Paraguay y recordó que existe una denuncia penal vinculada al caso.
La situación de ueno bank y el manejo de millonarios recursos públicos vuelve a elevar la tensión política. El senador Rafael Filizzola afirmó que, a su criterio, lo ocurrido con el Banco Central del Paraguay (BCP), el Instituto de Previsión Social (IPS) y las colocaciones realizadas en la entidad financiera constituye un escenario mucho más grave que la posibilidad de un simple juicio político.
“Al final esto llega a Peña”, sostuvo el legislador, al cuestionar quién impulsó o permitió los cambios en las condiciones bajo las cuales el IPS podía colocar sus recursos en entidades financieras.
La discusión no surge de cero. Entre 2023 y 2024, el IPS introdujo modificaciones en su reglamento de inversiones. Una investigación periodística publicada en julio señaló que esos cambios flexibilizaron determinadas exigencias internas y coincidieron con un fuerte incremento de las colocaciones del ente previsional en ueno bank.
El propio portal institucional del IPS registra resoluciones de modificación de su Reglamento de Inversiones, incluyendo disposiciones aprobadas durante 2024 y 2025.
“El dinero del Estado está en riesgo”, afirma Filizzola
Filizzola sostuvo que la prioridad inmediata debería ser proteger los recursos públicos y los ahorros de los asegurados.
“El primer paso para mí en este momento es preservar los recursos del Estado, preservar los ahorros de las personas que tienen sus depósitos ahí y que los efectos sean los menos dañinos posible”, manifestó.
El senador cuestionó que mientras el Ministerio de Economía sostiene restricciones presupuestarias, una cantidad considerable de recursos estatales y previsionales se encuentra concentrada en una sola entidad financiera.
En agosto, Filizzola presentó pedidos de informes al BCP y al IPS señalando que alrededor de G. 5,1 billones en recursos públicos y previsionales estaban vinculados a ueno bank. Según los datos expuestos por el legislador, unos G. 2,2 billones correspondían solamente a fondos del IPS, distribuidos entre certificados de depósito, bonos y disponibilidades.
Los datos del Fondo de Garantía de Depósitos del BCP correspondientes a julio de 2026 registraban para ueno bank depósitos por más de G. 17,4 billones, dentro del conjunto de operaciones de la entidad.
IPS ya había reconocido un exceso sobre el límite
Uno de los antecedentes que alimentó las críticas ocurrió en julio, cuando el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, explicó que la previsional debía retirar fondos “a la vista” depositados en ueno bank luego de una reclasificación de activos establecida tras una aclaración de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
De acuerdo con aquella explicación, la nueva clasificación hizo que las inversiones del IPS en la entidad superaran el límite previsto legalmente. Díaz sostuvo entonces que el exceso no se produjo por nuevas colocaciones, sino por un cambio en el criterio utilizado para clasificar los activos.
ueno bank, por su parte, rechazó cuestionamientos sobre irregularidades y sostuvo públicamente que las operaciones con el IPS se desarrollaron conforme a los procedimientos establecidos, mediante procesos que calificó de abiertos, transparentes y competitivos.
Filizzola exige cambios en el BCP
Para Filizzola, las explicaciones administrativas ya no serían suficientes.
“Los directivos del Banco Central deberían poner sus cargos a disposición”, afirmó.
El senador sostiene que la institución encargada de supervisar el sistema financiero debe explicar qué controles realizó, qué información tenía sobre las operaciones de ueno y cómo respondió ante eventuales excesos o incumplimientos prudenciales.
El Congreso analiza actualmente pedidos de informes que incluyen interrogantes sobre una operación de venta de cartera, eventuales excesos en límites prudenciales, la posible exigencia de un Plan de Regularización y la existencia —o no— de sumarios administrativos o procedimientos sancionatorios contra la entidad.
“Mucho más grave que un juicio político”
Filizzola fue todavía más lejos y sostuvo que las eventuales responsabilidades no terminarían en el terreno político.
“Esto es mucho más grave que un simple juicio político. Esta es una cuestión penal”, afirmó.
El legislador recordó además que ya había impulsado una denuncia penal relacionada con estos hechos y sostuvo que corresponde investigar las decisiones adoptadas alrededor de las inversiones del IPS, el funcionamiento del BCP y las operaciones vinculadas a ueno bank.
Ya en julio, Filizzola había solicitado públicamente la intervención del Ministerio Público después de conocerse que las colocaciones del IPS en ueno superaban, tras la reclasificación mencionada, los límites establecidos para inversiones previsionales.
En declaraciones realizadas esta semana, también acusó al Gobierno de haber amparado un esquema favorable a la entidad financiera y planteó la renovación de las autoridades del Banco Central. Se trata de acusaciones políticas del senador que hasta el momento no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.
Peña queda nuevamente en el centro de las preguntas
Para Filizzola, la investigación debe determinar hasta dónde llegaron las decisiones políticas detrás de los cambios regulatorios y administrativos.
El punto central planteado por el senador es determinar quién promovió, autorizó o respaldó las modificaciones que permitieron ampliar las colocaciones del IPS y qué conocimiento tuvieron el Ejecutivo y los organismos de supervisión sobre esas operaciones.
Mientras el Congreso profundiza sus pedidos de informes al IPS y al Banco Central, el caso entra en una nueva fase: ya no se discute solamente cuánto dinero público terminó concentrado en ueno bank, sino también quién tomó las decisiones, qué controles se realizaron y si existieron responsabilidades administrativas, políticas o eventualmente penales.
