La fiscal Claudelina Corvalán, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando, procedió a la destrucción de 2.550 kilos de carne que ingresaron ilegalmente al país.
El procedimiento se llevó a cabo en la mañana del jueves 11 de abril en el relleno sanitario de la firma INGESA, ubicado en el kilómetro 12 Monday de Ciudad del Este, por autorización del juez penal de garantías de Hernandarias, Nelson Ojeda.
La noticia no agradó a nadie en las redes del Ministerio Público, ya que dicho alimento pude haber sido donado para personas de escaso recurso, donado a hogares de albergues o a las penitenciarias, según los internautas.