El Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) atraviesa una profunda crisis institucional, según denuncias realizadas por Amado Ortiz, dirigente gremial que actualmente culmina su mandato como secretario general dentro de la institución.
En entrevista con CANAL-E, Ortiz expuso una serie de irregularidades internas que, según afirma, están debilitando seriamente la capacidad del INCOOP para cumplir con su rol de órgano regulador del sistema cooperativo nacional. Apuntó directamente contra el presidente interino del ente, Carlos Aníbal Romero Roa, a quien acusa de haber desvirtuado la función institucional, deteriorando tanto la gestión como el ambiente interno de trabajo.
De acuerdo con el dirigente sindical, desde que Romero Roa asumió la presidencia interina hace aproximadamente un año y medio, se ha reducido drásticamente la cantidad de fiscalizaciones a cooperativas, situación que derivó en el colapso de al menos una entidad recientemente. Ortiz sostuvo que los procesos de control previos a una intervención ya no se están aplicando, lo que expone a los ahorristas a un riesgo significativo.
Además, denunció la existencia de contrataciones direccionadas y sin concursos públicos, señalando que personas sin título ni trayectoria profesional habrían sido incorporadas con salarios superiores a los del personal de planta, formado y con años de antigüedad. Agregó que se han ignorado a funcionarios con méritos acumulados a lo largo del tiempo, lo que genera malestar y desmotivación generalizada.
“La institución está al borde del colapso. El presidente interino toma decisiones de forma autoritaria, dejando de lado al cuerpo técnico y priorizando a personas externas sin la preparación necesaria”, afirmó Ortiz.
También mencionó que el actual titular del INCOOP ya accedió al beneficio de jubilación, lo cual, según el denunciante, es una muestra de que no tiene un compromiso real con la proyección a largo plazo del ente.
Finalmente, Ortiz adelantó que los funcionarios analizan medidas para visibilizar la situación interna y solicitar una intervención de parte de las autoridades competentes, incluyendo una eventual mesa de diálogo con el Ejecutivo.