El gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, expresó su preocupación por la decisión del Senado de retirar a las gobernaciones la administración del programa Hambre Cero, una medida que se discute en medio de cuestionamientos al manejo de los fondos en varios departamentos.
Torres sostuvo que la iniciativa de que las gobernaciones administren el programa surgió originalmente del propio presidente de la República, quien —según relató— convocó a los gobernadores para que el plan pudiera llegar a todas las instituciones educativas del país a través de las estructuras departamentales.
“El presidente nos llamó y nos propuso que el programa pueda aterrizar en todos los distritos del Paraguay a través de las gobernaciones”, afirmó el jefe departamental. Según sus datos, en Alto Paraná el programa alcanza a más de 130.000 estudiantes en unas 500 instituciones educativas, con aproximadamente un año y medio de implementación.
El gobernador también cuestionó la forma en que se adoptó la decisión en la Cámara Alta y pidió que los argumentos sean “más objetivos”, al tratarse de una política pública que involucra alimentación escolar para miles de niños.
“Es una decisión delicada porque está en juego el programa Hambre Cero. En Alto Paraná no hemos tenido ninguna denuncia que ponga en riesgo el programa”, aseguró Torres, quien incluso señaló que organismos de control como el Ministerio de Desarrollo Social y la Contraloría General de la República realizaron evaluaciones del programa.
No obstante, el discurso del gobernador contrasta con diversas denuncias públicas y cuestionamientos surgidos en Alto Paraná en torno a la administración de los recursos destinados a Hambre Cero.
Denuncias y cuestionamientos
En los últimos meses, dirigentes políticos, concejales y organizaciones locales han señalado presuntas irregularidades en la distribución de los alimentos, retrasos en la provisión y posibles favoritismos en las adjudicaciones a empresas proveedoras.
También surgieron críticas sobre la transparencia en el uso de los millonarios recursos transferidos por el Estado para el programa, así como reclamos de comunidades educativas que denunciaron deficiencias en la calidad de los alimentos o incumplimientos en las entregas.
Estos cuestionamientos se suman a otras polémicas administrativas dentro de la Gobernación de Alto Paraná, donde sectores opositores y hasta dirigentes del propio Partido Colorado han advertido sobre posibles manejos irregulares de fondos públicos y falta de controles efectivos.
“Persecución política”, según Torres
Ante estas críticas, el gobernador intentó desacreditar los cuestionamientos señalando que responderían a una supuesta persecución política dentro del propio Partido Colorado.
Torres argumentó que su situación se debe a que es la primera vez que un gobernador de Alto Paraná no proviene de Ciudad del Este, lo que —según dijo— generaría resistencia dentro de algunos sectores colorados del departamento.
“La ciudadanía sabe cómo estamos administrando. Tal vez estemos molestando a algún sector del partido”, afirmó.
Debate político y presión sobre el programa
La discusión sobre quién debe administrar Hambre Cero se intensificó en el Congreso tras una serie de denuncias que apuntan al manejo del programa en varias gobernaciones.
El plan, considerado uno de los proyectos sociales emblemáticos del gobierno, moviliza miles de millones de guaraníes destinados a la alimentación escolar, lo que ha encendido alarmas sobre la necesidad de controles más estrictos.
Mientras algunos legisladores plantean retirar la administración a las gobernaciones para centralizar el programa, los gobernadores —como Landy Torres— buscan mantener el control del sistema.
Sin embargo, para muchos sectores, el debate ya no se centra solo en la estructura administrativa del programa, sino en la transparencia con que se manejan los recursos públicos destinados a la alimentación de miles de estudiantes paraguayos.