El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta presentó imputación por lesión de confianza contra siete personas que están sindicadas de haber causado un millonario daño patrimonial al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), mediante sobrefacturaciones de proyectos de abastecimiento de agua potable.
Uno de los imputados es el agente fiscal Florencio Pereira Rodas, quien está sospechado de ser cómplice en el hecho investigado y para quien el Ministerio Público solicitó su desafuero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Los otros imputados son Miryan Nancy Giménez de Pereira, Abel Ricardo Florentín Serafini, Arnaldo Andrés Riveros Paredes, Roberto Ramón Ayala Hornung y Patricia Gómez de Ayala y Santiago Vicente Ochipinti Beterette, funcionario del ente.
La investigación se había iniciado luego de que varias fundaciones y ONG’s que habrían celebrado convenios con el Indert-Fides (Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible), dependiente de la presidencia del Indert, que tiene como objetivo el planeamiento, diseño y ejecución de operaciones y obras de infraestructura básica, necesaria para obtener el arraigo efectivo y crear las condiciones que posibiliten el desarrollo de las comunidades beneficiadas, afectando los asentamientos nuevos y antiguos no arraigados según la Ley n.° 2419/04.
La imputación remarca que los imputados serían los ordenadores de gastos de las ONG’s, por lo tanto, debían proteger el patrimonio del Indert ya que los millonarios montos fueron entregados a las organizaciones DADIS, ASOVSERVIC y Madre Tierra, para llevar a cabo las obras que, sin embargo, fueron realizadas con muchas falencias. La organización Madre Tierra habría ocasionado un perjuicio de G. 69.815.603 al Indert, mientras que la ONG’s ASOVSERVIC habría dañado al patrimonio del ente agrario por la suma de G. 199.493.346. De la misma forma, la imputación especifica que la organización DADIS presuntamente dañó al Indert por G. 149.213.247.