El Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa una de sus etapas más delicadas en materia administrativa y financiera. Alrededor de 35 llamados figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como “suspendidos”, “cancelados” o “anulados” desde agosto de 2023, bajo la actual administración encabezada por Jorge Brítez.
La situación abre una pregunta inevitable: ¿cómo continúa operando un servicio que atiende a miles de asegurados si buena parte de sus licitaciones están trabadas por denuncias de direccionamiento?
Según datos publicados en la DNCP, los procesos quedaron detenidos por observaciones formales y cuestionamientos que apuntan a posibles irregularidades. Sin embargo, mientras los llamados no se definen, proveedores que habían ganado adjudicaciones anteriores continúan suministrando bienes y servicios mediante adendas que amplían plazos contractuales. Estas extensiones, autorizadas por la presidencia del ente, permiten mantener contratos vigentes pese a la falta de nuevos procesos adjudicados.
Fuentes internas sostienen que, en algunos casos, se habrían producido acuerdos “entre empresas” para reemplazos informales de proveedores, sin que medie una nueva adjudicación pública. De confirmarse, estos mecanismos implicarían una práctica que desnaturaliza el sistema de contrataciones y deja en segundo plano el control institucional.
El caso de las sábanas
Uno de los ejemplos que genera mayor inquietud es el llamado para la provisión de sábanas hospitalarias. Según el portal oficial, el proceso aún no figura como adjudicado. Sin embargo, dentro del IPS se estarían abonando facturas por provisiones nuevas y de alto costo.
De acuerdo con fuentes consultadas, se estaría utilizando facturación de una empresa vinculada políticamente, mencionándose incluso la cercanía con el senador Tony Barrios. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente, pero explicaría —según dichas fuentes— por qué el proceso continúa sin destrabarse en la DNCP: una eventual adjudicación abierta podría habilitar la competencia y modificar el escenario actual.
Deudas, adendas y un sistema bajo presión
Más allá de los llamados suspendidos, el problema estructural sería la deuda acumulada con proveedores. El IPS arrastra compromisos que no logra cancelar en tiempo y forma, lo que agrava el funcionamiento operativo. En este contexto, las adendas se convierten en una herramienta recurrente para sostener contratos, mientras los asegurados denuncian falta de insumos, medicamentos y servicios básicos.
El ente previsional, que históricamente ha sido considerado uno de los mayores pagadores del sistema público, vuelve a estar en el centro de cuestionamientos por la transparencia de sus procesos. La combinación de licitaciones trabadas, extensiones contractuales y presuntas vinculaciones políticas alimenta la percepción de una estructura donde el control formal queda relegado.
Hasta el momento, la presidencia del IPS no emitió una explicación detallada sobre el estado de los 35 llamados observados ni sobre los mecanismos utilizados para garantizar la provisión de bienes mientras los procesos permanecen suspendidos.
En un sistema que administra millones de guaraníes provenientes del aporte de trabajadores y empleadores, la falta de claridad no es un detalle administrativo: es una señal de alerta.