Mientras el discurso liberal insiste en “renovar la política” y “combatir la corrupción”, en Lambaré los hechos comienzan a mostrar una realidad distinta. El concejal Daniel Molinas (PLRA), hermano del precandidato a intendente Eduardo Molinas, oficializó una alianza política con Rodrigo Portillo, precandidato a concejal que enfrenta una causa judicial por presunto hurto de dinero perteneciente a la Municipalidad.
La situación genera una fuerte contradicción política. Daniel Molinas fue uno de los principales impulsores de la intervención de la administración del exintendente Armando Gómez y se posicionó públicamente como denunciante de irregularidades dentro del propio gobierno municipal liberal. Sin embargo, hoy aparece construyendo un proyecto electoral junto a una figura imputada en un proceso que afecta directamente a las arcas municipales.
El caso de Rodrigo Portillo se encuentra actualmente bajo investigación del Ministerio Público, con querella adhesiva presentada por la Municipalidad de Lambaré, lo que agrava el impacto político de esta alianza, ya que involucra fondos públicos y presunto perjuicio directo a los contribuyentes.
En este escenario, la figura de Eduardo Molinas, precandidato a la Intendencia, también queda bajo cuestionamiento. Aunque no firmó públicamente el acuerdo, el vínculo directo con su hermano —actual operador político dentro de la Junta Municipal— instala dudas sobre el verdadero rumbo ético del proyecto liberal en la ciudad.
La pregunta que empieza a circular entre dirigentes y vecinos es clara: ¿se puede hablar de cambio real mientras se construyen alianzas con personas imputadas por hechos de corrupción municipal?
Lambaré, marcada por años de escándalos administrativos, vuelve a quedar atrapada en una lógica donde los discursos anticorrupción chocan con las prácticas electorales. La ciudadanía observa y espera respuestas concretas, no solo slogans de campaña.