La jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, ordenó la captura nacional del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, para que sea puesto a disposición de la Justicia y cumpla su condena por cohecho pasivo agravado. El exministro fue encontrado culpable de solicitar una coima para fallar a favor de una empresa privada en un juicio civil.
La magistrada también dispuso la captura del funcionario judicial Rafael Ramírez, condenado a 2 años y 6 meses de prisión como cómplice. Ambas medidas fueron revocadas y, una vez detenidos, los condenados deberán ser trasladados a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde quedarán recluidos con libre comunicación.
Según la sentencia, Bajac utilizó su cargo para pedir dinero a Felipe Nery Páez y María Liduvina Rodríguez Mendieta, socio y propietaria de Cal Agro S.A.. El funcionario Rafael Ramírez, compadre y hombre de confianza del exministro, actuó como intermediario y transmitió la exigencia: el 5% del monto total de un juicio que la empresa mantenía contra la INC, equivalente a G. 171.426 millones.
El exministro reiteró la solicitud en varias reuniones realizadas tanto en su despacho del Poder Judicial como en su domicilio. La empresaria accedió al pedido, y Bajac instruyó a que se firmara un pacto de cuota litis con un abogado de su elección para simular que el pago correspondería a honorarios profesionales, buscando darle aparente legalidad al cobro de la coima.
El 2 de febrero, se firmó el contrato privado entre el abogado Juan Carlos Ávila Meza, Felipe Nery Páez y Rodríguez Mendieta, con presencia del abogado de CAL AGRO S.A., Luis Martínez. También otorgaron un poder general al profesional designado por Bajac.
El acuerdo permitió instrumentalizar el pago indebido solicitado por el exministro: el 5% del capital establecido en la sentencia civil, suma que alcanzaba G. 3.700 millones.