Las declaraciones juradas del concejal liberal Augusto Wagner revelan un historial incompleto y lleno de vacíos, pese a que acumula más de dos décadas en la Junta Municipal de Asunción.
En todo ese periodo, solo existen dos documentos presentados ante la Contraloría General de la República: uno en 2016 y otro en 2021.
Quedan sin registro oficial los años 2001, 2006 y 2010, cuando ya ejercía una banca y estaba obligado por ley a presentar informes patrimoniales.
Un patrimonio “móvil”: de una camioneta a acciones en una casa de crédito. La declaración jurada de 2016 muestra un patrimonio de apenas G. 60 millones, basado exclusivamente en una camioneta. No declaró inmuebles, terrenos ni deudas.
En ese momento, percibía un salario de aproximadamente G. 20 millones mensuales como concejal.
Pero cinco años después, la declaración jurada de 2021 expone un salto importante:
Patrimonio total: G. 279.543.884
Acciones: 220 acciones de Credi Solución, valuadas en G. 220 millones
Deudas: G. 56.021.213
La aparición de estas acciones es clave: Credi Solución aparece mencionada en expedientes y denuncias vinculadas a la estructura conocida como la “mafia de los pagarés”, señalada por afectados de embargos abusivos y cobros compulsivos.
Años sin declarar: la gran brecha, Las omisiones de 2001, 2006 y 2010 generan un vacío crítico en el seguimiento patrimonial de Wagner.
En esos periodos:
ya era concejal, estaba obligado a presentar su declaración, pero no existe constancia de que haya cumplido.
Esto impide reconstruir la evolución completa de su patrimonio durante sus cuatro periodos consecutivos.
Wagner ocupa una banca desde 2001, siendo el concejal con mayor antigüedad en la Junta Municipal.
En estas dos décadas acompañó votaciones sobre créditos millonarios, licitaciones y decisiones de distintas intendencias.
Además, fue mencionado en denuncias sobre supuestos esquemas de recaudación paralela en el Mercado 4, aunque esas acusaciones nunca se tradujeron en incrementos patrimoniales visibles en las declaraciones disponibles.
Un historial con más sombras que datos: Pese a 20 años en funciones, lo declarado formalmente ante la Contraloría solo cubre dos momentos aislados.
El resto del periodo —más de una década y media— carece de documentación oficial, lo que deja sin respaldo la trazabilidad de sus bienes, ingresos y participación en empresas privadas.
