La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) queda bajo uñsospecha tras una serie de decisiones que, lejos de proteger a la víctima, parecen blindar al denunciado por violencia.
El propio presidente de la ANNP, Julio César Vera Cáceres, ordenó activar el protocolo de la Ley 5777/Violencia contra la Mujer, conformando una “comisión especial” para investigar el caso.
Pero la supuesta protección fue aplicada contra la denunciante, quien terminó trasladada a otro departamento, mientras el denunciado —Rodolfo Germán Gómez Villalba, gerente de Navegación— permanece firme en su cargo.
Gómez no solo sigue trabajando como si nada hubiera pasado, sino que continúa ocupando un puesto clave pese a existir una denuncia formal en el Ministerio Público, donde la regla es clara: el funcionario debería ser apartado mientras dure la investigación.
Tras la publicación del caso, comenzaron a surgir otras acusaciones contra Gómez, incluyendo llamativos movimientos económicos, propiedades y vehículos de alta gama incompatibles con su salario.
La decisión del presidente Vera Cáceres de mantenerlo en el cargo, incluso con el escándalo creciendo, dispara aún más las sospechas.
La ANNP debe explicar por qué el denunciado es protegido y la víctima desplazada.
Un protocolo que debería resguardar a las mujeres, hoy parece invertido para beneficiar al acusado.