El fiscal Óscar Delfino, acompañado de una comitiva fiscal-policial, encabezó este viernes un allanamiento a la sede central de la Cooperativa Poravoty Ltda., ubicada en Fernando de la Mora, tras detectarse un perjuicio estimado en US$ 35 millones a raíz de operaciones ficticias y alteraciones financieras.
La investigación surge de la intervención realizada por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), que reveló una pérdida de más de G. 270.000 millones, además de “operaciones ficticias” de crédito por unos G. 13.000 millones y la irregular compra de armas y municiones para supuesta reventa a socios.
Según el inventario, quedaron bajo custodia de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) un lote de 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos.
Contratos con empresa vinculada al tráfico de armas
Uno de los contratos, fechado en 2018, muestra la compra de 100 pistolas por G. 671 millones a la firma International Auto Supply S.A., representada por Diego Hernán Dirisio y Paulo César Fines Ventura, ambos procesados y detenidos en el marco del Operativo Dakovo, que desarticuló una red de tráfico de armas desde Europa hacia Paraguay y Brasil.
Manipulación de informes financieros
El Incoop constató que la cooperativa reportaba una supuesta disponibilidad de G. 6.800 millones, fondos que en realidad no existían, configurando una “sobrevaloración de la disponibilidad”. El informe de los interventores advierte que, debido a la elevada morosidad, el descalce financiero y la falta de liquidez, la entidad no está en condiciones de seguir operando.
Responsabilidades y exdirectivos en la mira
Los interventores responsabilizan al Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la Auditoría Interna por la falta de controles y la difusión de informaciones falsas. Entre los exdirectivos figuran Miguel González Duarte (expresidente y exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario) y Luis Alberto Delgado, además de los miembros de la Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola y Heber Caldeira, quienes renunciaron tras destaparse el escándalo.
González Duarte ya había sido dado de baja en 2002 por un caso de estafa y lesión de confianza que involucró un desvío de G. 1.200 millones en el Círculo de Suboficiales de la Policía.
Reclamos de los socios
La quiebra afecta a más de 700 socios, en su mayoría jubilados, que no pueden retirar sus ahorros y cuestionan que los interventores hayan priorizado el pago de deudas con bancos antes que con los ahorristas. Según el informe, durante la intervención se cancelaron préstamos por G. 1.000 millones a Cencopan y G. 1.520 millones a Zeta Banco, este último vencido desde diciembre de 2024.
El pasado 6 de agosto, los afectados solicitaron al fiscal general Emiliano Rolón el cambio del fiscal Delfino y se manifestaron frente al Incoop exigiendo la destitución de su titular, Carlos Romero, además de la reactivación de la licencia de la cooperativa para poder recuperar sus depósitos.
