La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) salió al paso de las fuertes críticas generadas por los decretos tarifarios vinculados a las denominadas “industrias convergentes”, luego de cuestionamientos de gremios, sindicatos y legisladores que advirtieron sobre posibles privilegios para grandes consumidores de energía.
Durante una reunión de mesa directiva de la Cámara de Diputados, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, aseguró que las tarifas especiales no permanecerán congeladas por 15 años, como denunciaron sectores opositores y sindicales. Según explicó, el costo medio de generación será revisado cada cinco años, además de contemplarse reajustes anuales basados en la inflación de Estados Unidos.
Las aclaraciones surgieron luego de que el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) advirtiera incluso sobre una posible acción de inconstitucionalidad contra los decretos impulsados por el Gobierno, al considerar que podrían comprometer el patrimonio energético nacional y otorgar condiciones preferenciales a industrias electrointensivas.
En paralelo, Sosa también respondió a las denuncias de usuarios que reportaron incrementos inesperados en sus facturas de energía eléctrica, en algunos casos duplicando o triplicando los montos habituales.
“El aumento corresponde al mayor consumo durante el verano, especialmente por el uso de aire acondicionado. En ningún momento hubo sobrefacturación”, sostuvo el titular de la estatal, insistiendo en que los clientes cuentan con canales digitales para presentar reclamos.
Sin embargo, las explicaciones generaron nuevas críticas debido a que, según reportes de la Dirección Nacional de Meteorología, el primer semestre del año presentó varios períodos con temperaturas más moderadas que en temporadas anteriores, con registros que oscilaron entre 25 °C y 28 °C en numerosos días.
El debate sobre las tarifas energéticas se instaló con fuerza tras la reglamentación de decretos que habilitan beneficios para proyectos considerados estratégicos, entre ellos criptomineras, centros de datos e industrias de alto consumo eléctrico. Diversos sectores cuestionan que estos esquemas puedan traducirse en ventajas para grandes inversiones mientras continúan las quejas ciudadanas por el costo del servicio y la calidad del suministro.
La discusión política también se trasladó al Congreso, donde legisladores de distintos sectores pidieron mayor transparencia sobre los criterios utilizados por la ANDE para establecer tarifas diferenciadas y los eventuales impactos económicos para los usuarios residenciales.
