Esta tarde, durante la sesión de la Junta Municipal de Itá, está prevista la presentación de los resultados de una auditoría externa realizada sobre la administración del exintendente Jorge Di Martino, del PLRA, quien buscaría nuevamente llegar a la Intendencia.
El informe preliminar expone una serie de observaciones sobre el manejo financiero y la ejecución de obras municipales. Entre los puntos más relevantes aparece una diferencia acumulada de G. 1.715.859.641 entre las recaudaciones registradas y los depósitos realizados entre enero y junio de 2026. La auditoría señala atrasos sistemáticos en los depósitos, que oscilaron entre 4 y 27 días, además de descuadres y falta de comprobantes.
Según el cuadro incluido en la primera página del documento, solamente en abril se registra una diferencia de G. 1.700.193.487, con recaudaciones por G. 2.445 millones frente a depósitos por aproximadamente G. 745 millones.
El documento recuerda que la normativa establece plazos específicos para el depósito de fondos públicos y advierte que la retención injustificada de recursos municipales por encima del plazo establecido podría generar responsabilidades. La Ley Orgánica Municipal establece además responsabilidades civiles y penales para intendentes y funcionarios por incumplimiento de sus disposiciones.
G. 467 millones que no habrían sido transferidos
Otro de los hallazgos señala que G. 467.740.278 no habrían sido transferidos al Ministerio de Economía y a la Gobernación Departamental, correspondientes al 15% de lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario destinado a municipios de menores recursos y gobiernos departamentales.
Obras sin respaldo técnico
La auditoría también pone especial atención sobre varios contratos de obras públicas. Según el documento, en expedientes revisados no fueron encontrados documentos básicos para comprobar la efectiva realización de los trabajos, como fotografías del antes y después, informes del fiscal de obras, informes del director de Obras, planos, planillas técnicas, cronogramas y notas de pedido de las instituciones beneficiadas.
El propio informe advierte que estas ausencias documentales impiden acreditar razonablemente que las obras fueron efectivamente ejecutadas y generan riesgo de pagos por trabajos no realizados, pagos sobreestimados o certificaciones sin respaldo técnico.
Por ese motivo, aunque políticamente ya se habla de posibles “obras fantasmas”, el documento disponible no afirma de manera concluyente que las obras no existan: lo que establece es que falta documentación suficiente para acreditar su ejecución.
Probable sobrefacturación superior a G. 1.000 millones
El informe analiza además 12 obras adjudicadas por un total de G. 3.174.352.790 y compara esos montos con valores de mercado estimados en G. 2.170.192.000. La diferencia asciende a G. 1.004.160.790, monto que el documento identifica expresamente como una “probable sobrefacturación”.
Entre las obras aparecen refacciones y reparaciones de escuelas, construcción y reparación de puentes, empedrado, ciclovía, obras en el Mercado Municipal, un centro comunitario y un muro de contención.
En la página 5, el cuadro comparativo detalla diferencias individuales que van desde aproximadamente G. 34 millones hasta G. 186 millones por obra. El resumen sostiene que las 12 contrataciones presentan observaciones en la DNCP y señala que no contarían con código de contratación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).
También llama la atención la concentración de las firmas: ocho contratos fueron firmados el 3 de junio, tres el 4 de junio y uno el 19 de junio de 2026.
Junta Municipal analizará el informe
Los resultados serán puestos a consideración de los concejales esta tarde. De acuerdo con los datos proporcionados a canal-e, la auditoría habría sido impulsada durante la actual administración del intendente Elicel Achucarro.
El informe abre ahora interrogantes sobre el destino de los recursos municipales, la existencia y calidad de las obras contratadas y las eventuales responsabilidades administrativas o judiciales que pudieran surgir.
La presentación adquiere además un fuerte componente político debido a que Jorge Di Martino buscaría nuevamente la Intendencia de Itá, mientras su administración queda sometida al análisis de una auditoría que reporta diferencias financieras millonarias, falta de documentación técnica y una probable sobrefacturación superior a G. 1.000 millones.
