La campaña municipal en Luque vuelve a quedar golpeada por un nuevo caso judicial que salpica directamente a la lista de precandidatos a concejal que acompaña al intendentable Hugo Farías. Esta vez, el señalado es Juan Claudio Torres, contra quien la Fiscalía ordenó detención preventiva en el marco de una causa penal, según publicaciones periodísticas. El fiscal Augusto Ledesma dispuso que Torres sea remitido a la Comisaría Tercera Central y quede a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.
El caso vuelve a instalar una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué tipo de filtros políticos se están aplicando para integrar una lista que pretende administrar la ciudad? Mientras Luque arrastra problemas históricos de calles destruidas, inseguridad, falta de orden urbano y abandono en los barrios, parte de la campaña parece girar más alrededor de expedientes fiscales que de propuestas concretas para la ciudadanía.
Torres se suma a otros nombres que ya generaron ruido dentro del mismo entorno político. Roberto Cubilla Sanabria, precandidato a concejal, fue detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a bienes del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, caso del cual Hugo Farías intentó tomar distancia públicamente. También aparece el caso de Hans Hermann Kemper Rojas, investigado por un presunto título falso de abogado, cuya causa quedó frenada temporalmente por una recusación presentada contra la fiscal interviniente.
Más allá de la presunción de inocencia que corresponde a toda persona investigada, el problema político es evidente: una candidatura municipal no puede convertirse en refugio de figuras con graves cuestionamientos judiciales. La ciudadanía tiene derecho a exigir representantes con trayectoria clara, conducta pública transparente y compromiso real con la ciudad, no aspirantes que lleguen a la Junta Municipal arrastrando causas, detenciones o sospechas de vínculos con esquemas irregulares.
Luque necesita concejales que controlen al Ejecutivo municipal, fiscalicen el uso del dinero público y defiendan los intereses de los vecinos. Pero cuando una lista acumula nombres bajo investigación, la preocupación deja de ser solo electoral y pasa a ser institucional. La política no puede normalizar que el camino hacia una banca municipal esté rodeado de imputaciones, allanamientos o sospechas de crimen organizado.
La pregunta queda abierta para los electores: ¿Luque elegirá propuestas para ordenar la ciudad o terminará premiando estructuras políticas que parecen convivir demasiado cerca de los expedientes judiciales?
