La agente fiscal de Ejecución Penal, Diana Burgos, encabezó un allanamiento en una vivienda del barrio Itá Ka’aguy, en Fernando de la Mora, donde fue detenido un hombre que se encontraba prófugo desde el año 2024. El mismo había sido condenado por apropiación y producción de documentos no auténticos.
Según los antecedentes, el ahora detenido deberá cumplir una pena privativa de libertad de cuatro años, luego de que fueran revocadas las medidas cautelares que le habían sido otorgadas el 2 de septiembre de 2024. La captura se concretó en el marco de una intervención fiscal para ejecutar la condena pendiente.
El caso se remonta al año 2013, cuando una casa de créditos firmó un contrato de servicios y mandato con otra firma para el manejo de gestiones contables y tributarias. En ese esquema, el condenado, junto con su equipo de trabajo, quedó a cargo de administrar asuntos vinculados al cumplimiento de obligaciones fiscales.
Sin embargo, tras una verificación del órgano de fiscalización tributaria del Estado sobre los ejercicios 2012 al 2015, se detectó la utilización indebida de montos correspondientes a retenciones y percepciones tributarias, por un total de G. 2.200.523.600. La situación expuso a los directivos de la empresa a una eventual imputación por evasión, pese a que, según el caso, los fondos para cumplir con las obligaciones tributarias ya habían sido entregados al hoy detenido.
