Un pedido formal de acceso a la información pública pone contra las cuerdas a Camilo Pérez y al Comité Olímpico Paraguayo (COP), al exigir la apertura total de documentos vinculados a millonarias obras, contrataciones y uso de recursos en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.
La nota, presentada al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública, no deja margen a interpretaciones: solicita desde listados completos de obras y montos ejecutados, hasta contratos, empresas adjudicadas, pagos realizados y auditorías sobre el uso de fondos públicos .
El nivel de detalle requerido expone una preocupación de fondo: la falta de transparencia en la administración de recursos públicos dentro del COP. No se trata de un simple informe, sino de un requerimiento que apunta a reconstruir todo el circuito del dinero: quién decidió, quién ejecutó, quién cobró y bajo qué condiciones.
Entre los puntos más sensibles, se exige conocer:
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Las empresas adjudicatarias y sus representantes
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Las modalidades de contratación utilizadas
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Las órdenes de pago, facturas y certificaciones de obra
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Las rendiciones de cuentas y transferencias de recursos estatales
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La eventual intervención de organismos de control como la Contraloría
Además, se pone bajo la lupa el rol del propio Comité Olímpico como posible administrador de fondos públicos, lo que abre interrogantes sobre responsabilidades directas en la ejecución de recursos provenientes del Estado.
El documento también recuerda que la información solicitada es de carácter público y debe ser entregada en un plazo máximo de 15 días hábiles, conforme a la normativa vigente .
⚠️ TRANSPARENCIA O SILENCIO
Este pedido no es menor. Llega en un contexto donde ya existen cuestionamientos sobre la conducción del deporte olímpico en Paraguay y sobre los resultados de procesos internos.
Ahora, la presión es directa:
mostrar los papeles o profundizar las sospechas.
Porque cuando se trata de dinero público, el silencio no es una opción.
