Durante nueve años, la Dra. María Fanny Melgarejo Zárate, esposa del diputado colorado Arturo Urbieta, cobró mensualmente entre 3,5 y 5 millones de guaraníes sin prestar servicios efectivos en la Unidad de Salud Familiar (USF) Ybyraty, Concepción. La suma acumulada roza los 500 millones de guaraníes, dinero que nunca se tradujo en atención médica para las comunidades.
Una red de blindaje político y familiar
Detrás de este esquema de sueldos fantasmas se entrelazan nombres conocidos:
• Arturo Urbieta, exintendente acusado de desvíos millonarios y actual diputado.
• Mario Urbieta, cuñado de la doctora y actual jefe regional de Atención Primaria de la Salud (APS), señalado por encubrir la irregularidad.
Lejos de tratarse de un “error administrativo”, el caso revela cómo los clanes políticos convierten la salud pública en una caja chica familiar.
El costo real de la impunidad
Los casi 500 millones de guaraníes malversados podrían haber financiado:
• 10 médicos de familia o licenciados en enfermería durante un año.
• Más de 40 auxiliares de enfermería para comunidades carentes.
• Guardias médicas permanentes en varias USF donde hoy falta atención.
Mientras miles de paraguayos recorren kilómetros buscando medicamentos o consultas, la red Urbieta cobraba sin mover un dedo.
Un modelo que se repite
Este no es un caso aislado: es la muestra de un sistema donde el tráfico de influencias y la impunidad pesan más que el derecho a la salud. Las preguntas son inevitables:
• ¿Cuántos otros “sueldos fantasmas” se esconden en el sistema?
• ¿Cuántas comunidades quedaron sin atención por sostener privilegios políticos?
• ¿Quién controla a los que deberían ser controlados?
⚠️ La Dra. Fanny Melgarejo no solo “cobró sin trabajar”: privó de atención médica a comunidades enteras. Y lo hizo bajo la protección directa de un diputado colorado y de un jefe regional del sistema de salud.
📌 La salud es un derecho, no un botín familiar.
