Fredy Medina, ex alto funcionario de la Municipalidad de Lambaré, realizó un extenso descargo público contra la actual administración del intendente Guido González y su sobrino Jover Darío González Benítez, acompañando sus declaraciones con documentos y referencias a informes oficiales. Las denuncias incluyen presuntos hechos de nepotismo, irregularidades en contrataciones públicas, manejo de fondos del almuerzo escolar y antecedentes judiciales vinculados a FONACIDE y royalties.
Medina sostiene que la magnitud de los hechos expuestos “no puede quedar en simples denuncias mediáticas” y exhorta al Ministerio Público a intervenir de oficio.
Presunto nepotismo y movimientos salariales cuestionados
Según el descargo, Jover González habría pasado de percibir un salario superior a los Gs. 13 millones como administrador general en Lambaré, a trasladarse a la Municipalidad de Fernando de la Mora con un salario inferior, para luego retornar como funcionario comisionado con nuevas bonificaciones. Medina afirma que, pese a las resoluciones administrativas, el funcionario nunca habría dejado de operar en áreas sensibles como Tesorería y la UOC.
El ex funcionario sostiene que este esquema configuraría un caso de nepotismo, al mantenerse bajo la órbita directa de su tío, el intendente Guido González.
Antecedentes en Ybytymí: imputación por fondos públicos
Medina recordó que Jover González fue imputado en 2017 por supuestos hechos de lesión de confianza y estafa durante su paso por la Municipalidad de Ybytymí. De acuerdo con auditorías citadas, en apenas cuatro meses se habrían detectado irregularidades por más de Gs. 427 millones, correspondientes a fondos de FONACIDE y royalties.
El denunciante remarca que nunca se conoció públicamente una resolución judicial que confirme una absolución definitiva en ese caso.
Almuerzo escolar bajo observación de la Contraloría
Uno de los puntos más sensibles del descargo apunta al manejo del programa de almuerzo escolar en Lambaré.
Medina cita informes de la Contraloría General de la República (CGR) que señalan:
- Contrato con Grupo Altair S.A. (2021) por más de Gs. 1.735 millones, cuyos pagos no habrían sido correctamente registrados en el sistema oficial de contrataciones (SICP), en aparente violación a la Ley 2051/2003.
- Adjudicación a LAKMI S.A. (2022) por más de Gs. 876 millones, pese a que la DNCP había declarado nulo el proceso licitatorio. Según la denuncia, los pagos se realizaron igualmente y el servicio de almuerzo escolar habría quedado suspendido durante varios meses.
Más de Gs. 10.000 millones fuera del sistema de contrataciones
Otro punto crítico expuesto es el presunto uso de más de Gs. 10.000 millones en el año 2022 sin la correspondiente comunicación a la DNCP, lo que representaría una violación directa a la normativa de contrataciones públicas.
Además, Medina cuestiona el pago de más de Gs. 23.000 millones a una sola empresa proveedora, así como el gasto de Gs. 5.398 millones en obras de cunetas laterales, planteando dudas sobre la priorización de inversiones en infraestructura urbana.
Denuncias internas y presión sobre funcionarios
El ex funcionario también afirmó que trabajadores municipales estarían siendo presionados para firmar resoluciones administrativas cuestionables, advirtiendo que quienes rubrican documentos son finalmente los responsables ante eventuales procesos judiciales.
Asimismo, denunció una supuesta “doble conducta” dentro de la administración, al señalar que el propio Jover González habría proporcionado nombres de funcionarios a quienes calificó como “planilleros”, entre ellos Santiago Maldonado y Mingo González, con salarios que superan los Gs. 3 millones mensuales.
Pedido de intervención fiscal
Medina concluyó su descargo solicitando formalmente que la Fiscalía actúe de oficio, considerando el volumen de documentación y los informes oficiales existentes.
“Las irregularidades denunciadas no pueden tratarse como simples anécdotas administrativas”, sostuvo, remarcando que los hechos involucran recursos públicos sensibles, especialmente aquellos destinados a educación y alimentación escolar.
Hasta el momento, la Municipalidad de Lambaré no emitió un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones realizadas. CANAL-E seguirá dando seguimiento al caso.
