El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, presentó este lunes una denuncia formal ante el Ministerio Público por la existencia de un “esquema delictivo” que operaría dentro de la institución mediante una caja paralela destinada a desviar recursos de los contribuyentes, según confirmó el propio funcionario.
Ramírez explicó que la denuncia está acompañada de pruebas documentales que incluyen nombres, fechas, montos y documentos, y ya fue entregada a la Fiscalía para su investigación.
La intervención municipal revisó los sistemas de recaudación correspondientes al primer semestre de este año y detectó múltiples irregularidades. Entre ellas, comprobantes de ingresos cobrados y registrados por funcionarios no asignados a las cajas oficiales, pagos asentados en el sistema pero no reflejados en los arqueos diarios, y operaciones atribuidas a cajas que no funcionaron en las fechas indicadas.
Uno de los casos destacados fue el 30 de enero de 2025, cuando la Caja 6 figuraba como receptora de pagos, aunque ese día no abrió sus puertas. De igual manera, en la Caja 8 se registraron pagos que no coincidían con el arqueo de caja.
El equipo auditor también detectó discrepancias en la numeración de comprobantes: mientras que en enero y febrero la numeración rondaba las 1.000 unidades, se encontraron comprobantes numerados por encima de 100.000, todos con irregularidades confirmadas en una muestra analizada.
Según cálculos preliminares, solo en dos días se identificaron operaciones fraudulentas por un monto que supera los 75 millones de guaraníes. Sin embargo, Ramírez advirtió que el monto real solo podrá establecerse con exactitud una vez que se revisen todos los registros históricos y tributarios.
La hipótesis principal es que algunos funcionarios con acceso privilegiado manipularon el sistema para registrar pagos ficticios o desviar fondos antes de que llegaran a la Tesorería municipal.
“No se trata de un error administrativo, sino de una apropiación indebida de recursos públicos. Nuestros asesores jurídicos consideran que estos hechos podrían constituir delitos de extracción y alteración de datos, contemplados en el Código Penal”, señaló Ramírez.
El interventor también dirigió un mensaje a la ciudadanía para reconocer el compromiso de los contribuyentes cumplidores y lamentar que este esquema opere a sus espaldas, afectando directamente a la ciudad.
Finalmente, afirmó que la intervención seguirá cumpliendo con su tarea de investigar y documentar, mientras que ahora corresponde a la justicia profundizar en las pesquisas y sancionar a los responsables.
