Las campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es Soberanía/PPP cuestionaron duramente la política energética del Gobierno de Santiago Peña y denunciaron que los decretos 5.860 y 5.861/2026 establecían condiciones privilegiadas para empresas de alto consumo eléctrico.
A través de un comunicado difundido el 28 de abril, las organizaciones exigieron la derogación de ambas disposiciones, al considerar que representaban una entrega del patrimonio energético paraguayo a compañías transnacionales dedicadas a actividades como la criptominería, los centros de datos, la inteligencia artificial y la producción de hidrógeno.
Según los denunciantes, las normativas firmadas el 24 de abril mantenían el esquema establecido anteriormente por los decretos 5.306 y 5.307/2026, otorgando tarifas preferenciales y contratos de hasta 15 años a industrias electrointensivas.
Cuestionan tarifas inferiores al costo real
Las organizaciones sostuvieron que, de acuerdo con los costos técnicos establecidos en la Carta Orgánica de la Administración Nacional de Electricidad, la tarifa debería rondar los 85 dólares por megavatio hora.
Sin embargo, afirmaron que las empresas beneficiadas podrían acceder a la energía hidroeléctrica paraguaya mediante tarifas de entre 25 y 45 dólares por megavatio hora, incluso por debajo de los ingresos obtenidos por la cesión de energía al Brasil.
El sector también calcula que la tarifa técnica para criptomineras y actividades similares debería ubicarse en aproximadamente 85,5 dólares por megavatio hora. Frente a una tarifa cercana a los 44,3 dólares, estiman un subsidio de más de 300 millones de dólares anuales, trasladado indirectamente a los demás usuarios de la ANDE.
Advierten pérdidas millonarias
El comunicado estima que la aplicación prolongada de este modelo podría ocasionar pérdidas de al menos 11.700 millones de dólares para el Paraguay mientras existan excedentes hidroeléctricos.
La cifra, según las organizaciones, podría elevarse hasta los 26.000 millones de dólares si en el futuro el país debe reemplazar esa energía mediante generación más costosa o importaciones.
Además, alertaron que el consumo intensivo de estas industrias podría acelerar el agotamiento de la disponibilidad energética nacional y adelantar para el año 2030, o incluso antes, el fin de los excedentes hidroeléctricos.
Temor a tarifazos para la ciudadanía
Las organizaciones sostienen que, mientras las grandes empresas acceden a electricidad subsidiada, los hogares, las pequeñas empresas y los sectores más vulnerables podrían enfrentar aumentos tarifarios y un sistema eléctrico cada vez más presionado.
También advirtieron que el agotamiento anticipado de la energía hidroeléctrica podría obligar al país a recurrir a fuentes de generación más costosas y contaminantes.
“Se regala energía limpia y barata, y luego el pueblo paga energía cara y sucia”, señalaron en el pronunciamiento.
Las campañas reclamaron que la energía producida por Itaipú y Yacyretá sea utilizada prioritariamente para mejorar el servicio eléctrico, promover industrias que generen puestos de trabajo y beneficiar directamente a la población paraguaya.
También cuestionaron que continúe sin tratamiento legislativo el proyecto de ampliación de la tarifa social, presentado mediante una iniciativa popular respaldada por más de 48.000 firmas y remitida al Congreso en abril de 2025. La propuesta, según sus impulsores, podría beneficiar a unos 350.000 usuarios con dificultades para pagar sus facturas.
Los decretos fueron derogados en junio
Posteriormente, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto los decretos 5.306, 5.307, 5.860 y 5.861 mediante el Decreto 6.214/2026, firmado el 9 de junio.
La decisión fue adoptada luego de cuestionamientos y movilizaciones impulsadas por gremios de trabajadores de la ANDE. El Gobierno anunció que la institución eléctrica deberá elaborar nuevas medidas para el suministro de energía a las industrias de alto consumo.
