Bonifacio Ríos Ávalos fue elegido decano y Fausto Portillo, vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNA para el periodo 2026-2031. La elección se realizó anoche por decisión del Consejo Directivo, pese a que el decano saliente, Carlos González Morel, intentó dejar sin efecto la convocatoria pocas horas antes. El proceso llegó a su definición después de semanas de impugnaciones, medidas judiciales, renuncias y acusaciones cruzadas.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción definió finalmente a sus nuevas autoridades durante una sesión marcada por la tensión jurídica, las ausencias y un intento de suspensión comunicado cuando los miembros del Consejo Directivo ya se encontraban reunidos.

Bonifacio Ríos Ávalos, exministro de la Corte Suprema de Justicia, fue elegido decano con ocho votos. Su adversario, el exprocurador general de la República y actual miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, Marco Aurelio González, no obtuvo votos.

Para el vicedecanato fue elegido el profesor Fausto Portillo, con siete votos, mientras que María del Mar Pereira recibió uno. Ambos conducirán la Facultad durante el periodo 2026-2031, según los resultados divulgados por el Tribunal Electoral Independiente.

La elección no fue abierta a todos los estudiantes ni a toda la comunidad académica. La designación de decano y vicedecano corresponde a los integrantes del Consejo Directivo, donde están representados los estamentos docente, de graduados y estudiantil.

Una elección que debía comenzar a las 18:00

La sesión extraordinaria había sido convocada para este viernes 11 de septiembre, a las 18:00 en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda convocatoria, en el Aula Magna de la sede central.

La fecha fue establecida después de que una resolución del Tribunal Electoral de la Capital ordenara destrabar el proceso y avanzar con la elección. La convocatoria se formalizó mediante la Resolución N.º 20/2026, firmada por el propio decano saliente, Carlos González Morel.

Sin embargo, pocas horas antes de la sesión, el decanato difundió un comunicado mediante el cual dejaba sin efecto esa misma convocatoria.

El argumento presentado fue la existencia de supuestas “actuaciones judiciales” relacionadas con la integración del Consejo Directivo y la necesidad de garantizar la legalidad y seguridad jurídica del proceso. No obstante, el comunicado no identificó una resolución judicial concreta ni mencionó la existencia de una medida cautelar que ordenara suspender la elección.

La comunicación llegó cuando los consejeros ya estaban reunidos

Según el relato brindado por el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, la mayoría de los miembros del Consejo Directivo se encontraba presente a la hora señalada para iniciar la sesión. El decano y el vicedecano salientes, sin embargo, no se presentaron.

Aproximadamente 15 minutos después de las 18:00, los integrantes de la mesa recibieron la comunicación de González Morel, con la cual pretendía suspender el acto electoral.

El Tribunal Electoral Independiente decidió no acatar la disposición del decanato. Sus miembros argumentaron que la convocatoria respondía a una orden judicial y que no existía otra resolución expresa que dispusiera frenar nuevamente el proceso.

Ramírez Candia sostuvo que el TEI tenía un plazo de diez días para concretar la elección y advirtió que no realizarla podía colocar a sus integrantes ante un eventual desacato.

“Si no hacíamos esta elección hoy estábamos en desacato”, afirmó el ministro, quien defendió la continuidad de la sesión y aseguró que el procedimiento se desarrolló conforme al Estatuto de la UNA y al reglamento electoral.

La mesa electoral siguió adelante

Ante la presencia de la mayoría requerida, se conformó la mesa receptora de votos. La misma estuvo encabezada por Ramírez Candia e integrada, además, por el ministro de la Corte Alberto Martínez Simón y la jueza Karen González Orrego.

Cumplido el procedimiento, los consejeros depositaron sus votos para ambos cargos.

El resultado para el decanato fue contundente: Bonifacio Ríos recibió los ocho votos emitidos, mientras que Marco Aurelio González quedó sin votos.

En la elección de vicedecano, Fausto Portillo obtuvo siete adhesiones y María del Mar Pereira recibió un voto. Posteriormente, ambos fueron proclamados como nuevas autoridades.

Semanas de impugnaciones y medidas judiciales

La votación realizada anoche fue el desenlace de un proceso que inicialmente debía resolverse el 20 de agosto, pero que terminó suspendido por una medida cautelar del Tribunal Electoral de la Capital.

Uno de los cuestionamientos estaba relacionado con la integración del Tribunal Electoral Independiente. Édgar Ríos Parquet formaba parte de ese organismo mientras su padre, Bonifacio Ríos Ávalos, competía por el decanato. Ante las objeciones, Ríos Parquet presentó su renuncia al TEI.

También renunciaron a sus postulaciones para el vicedecanato Manuel Ramírez Candia y Karen González Orrego, quienes posteriormente integraron la mesa electoral. Tras esos cambios, el sector de Bonifacio Ríos sostuvo que habían desaparecido los motivos utilizados para suspender el proceso.

Finalmente, una resolución judicial ordenó reanudar la elección y el decanato fijó el 11 de septiembre como nueva fecha. Hasta días antes, el propio González Morel aseguraba que el calendario se mantenía sin modificaciones.

La crisis por los chats también marcó la previa

La elección se realizó además en medio del escándalo provocado por la filtración de conversaciones atribuidas a estudiantes, delegados y personas vinculadas al cuerpo docente.

Los mensajes difundidos revelarían supuestos pedidos para modificar calificaciones, beneficiar a determinados alumnos o perjudicar académicamente a estudiantes pertenecientes a movimientos rivales.

Entre los mencionados aparece Alejandro “Tratito” Ovelar, hijo del senador Silvio “Beto” Ovelar. El Centro de Estudiantes presentó una denuncia ante el Ministerio Público y exigió una investigación sobre el presunto esquema de tráfico de influencias.

El decano saliente dispuso la apertura de una investigación preliminar interna, pero hasta el momento no se conocen conclusiones ni sanciones. Dirigentes estudiantiles también denunciaron amenazas de querellas después de reclamar que se investiguen los hechos.

Nuevas autoridades, viejos problemas

La elección de Ríos y Portillo cierra formalmente la disputa por el decanato, pero no resuelve la crisis institucional que atraviesa Derecho UNA.

Las nuevas autoridades reciben una Facultad golpeada por denuncias de injerencia política, presunto tráfico de influencias, cuestionamientos sobre calificaciones, enfrentamientos entre movimientos y una sucesión de medidas judiciales que mantuvieron paralizada la elección durante semanas.

El desafío de la nueva administración no será solamente asumir los cargos, sino demostrar que la Facultad puede recuperar reglas claras, independencia académica y transparencia. La investigación sobre los chats, las responsabilidades de los docentes mencionados y las denuncias formuladas por los estudiantes deberán continuar, independientemente del resultado electoral.

La votación terminó. La crisis de credibilidad, todavía no.