La revisión de documentos oficiales de la Municipalidad de Lambaré permite confirmar una serie de irregularidades administrativas objetivas, particularmente en la actuación de la Asesoría Jurídica y en resoluciones firmadas por el intendente Guido González.
El Dictamen DGAJ N.º 110/2023, de la Dirección de Asesoría Jurídica, está fechado el 01 de enero de 2023, según consta expresamente en el documento. Sin embargo, el propio dictamen reconoce que el contribuyente presentó su solicitud recién el 25 de enero de 2023, dato que luego es reiterado en la Resolución de Intendencia.
Es decir:
- Dictamen: 01/01/2023
- Solicitud del contribuyente: 25/01/2023
La secuencia administrativa es jurídicamente imposible: no puede emitirse un dictamen sobre un expediente que aún no existe. Esta sola incongruencia vulnera principios elementales del procedimiento administrativo y pone en duda la validez del acto.
El dictamen jurídico lleva fecha 1 de enero, día feriado universal, cuando la administración pública no se encuentra operativa. Este detalle no es menor: agrava la irregularidad, ya que plantea interrogantes sobre:
-
cuándo fue realmente elaborado el dictamen,
-
si existió actividad administrativa válida ese día,
-
o si se trata de una fecha colocada de manera arbitraria.
De acuerdo con el dictamen y la posterior Resolución N.º 2370/2023, la Municipalidad concede “por única vez” el pago del Impuesto Inmobiliario como baldío, pese a que:
-
existen planos aprobados (Resolución N.º 686/2021),
-
la situación dominial estaba plenamente identificada,
-
y el Impuesto Inmobiliario es un tributo fijado por ley, no una tasa discrecional.
El Impuesto Inmobiliario no puede ser modificado, reducido ni condicionado por un dictamen jurídico ni por una resolución del intendente fuera de los casos expresamente previstos en la normativa. Hacerlo implica violación del principio de legalidad tributaria y un potencial perjuicio al patrimonio municipal.
La Resolución de Intendencia N.º 2370/2023, fechada el 1 de febrero de 2023, se basa directamente en ese dictamen irregular y hace lugar a la solicitud presentada el 25 de enero, confirmando que:
-
el dictamen fue anterior,
-
las fechas no coinciden,
-
y la decisión ya estaba prácticamente tomada antes de que el contribuyente iniciara formalmente el trámite.
Estas irregularidades se suman a contradicciones recientes en el discurso y la gestión financiera del intendente Guido González.
Hace apenas una semana, el jefe comunal declaraba públicamente haber cerrado el año sin deudas con proveedores ni con funcionarios, y anunciaba obras de asfaltado mediante apoyo del Gobierno Central y de Itaipú Binacional.
No obstante, días después:
-
solicitó un préstamo de 3.000 millones de guaraníes,
-
alegando una supuesta “Emergencia Vial”,
-
pedido que fue aprobado por la Junta Municipal de Lambaré,
-
pese a que el municipio ya cuenta con un presupuesto aprobado para el 2026
-
y a pocos meses de un proceso electoral.
Los documentos oficiales dejan planteadas interrogantes inevitables:
-
¿Cómo puede existir un dictamen anterior a la solicitud?
-
¿Por qué se concede un beneficio tributario fuera del marco legal?
-
¿Cuántos casos similares existen?
-
¿Quiénes acceden a estos “beneficios” y bajo qué criterios?
Lo expuesto no es una cuestión de interpretación política, sino de hechos respaldados por documentos oficiales. En una ciudad con dificultades financieras estructurales, la discrecionalidad en materia tributaria y las incongruencias administrativas no pueden ser naturalizadas.
La ciudadanía de Lambaré merece transparencia, legalidad y explicaciones claras, no dictámenes “premonitorios” ni decisiones que contradicen el propio discurso oficial del intendente.
