Mientras exautoridades como Joaquín Roa fueron condenadas y Miguel Prieto enfrenta causas penales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, documentos y denuncias revelan una concentración de más de G. 23.000 millones en adjudicaciones durante la administración de Guido González en Lambaré. La pregunta es inevitable: ¿qué está haciendo la Fiscalía?
Las irregularidades detectadas durante la administración del exintendente de Lambaré y actual candidato al rekutú, Guido González, ya no se limitan a denuncias políticas.
La propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) documentó observaciones sobre una contratación de recapado asfáltico realizada durante su gestión y dispuso que los antecedentes fueran remitidos al Departamento de Sumarios.
La Resolución DNCP N.º 1494/26 detectó cuestionamientos relacionados con una adenda contractual, pagos y documentación de la ejecución de las obras. Posteriormente, la Resolución N.º 1791/26 rechazó el recurso presentado por ITC Ingeniería, de Mario Quiroga Báez, y mantuvo la decisión de continuar el procedimiento. Los antecedentes también fueron comunicados a la Municipalidad de Lambaré y a la Contraloría General de la República.
Entre las observaciones aparecen pagos fuera de los plazos establecidos, falta de retenciones correspondientes y comprobantes que no contaban con firmas o sellos de funcionarios responsables.
Pero el cuestionamiento va mucho más allá de una sola contratación.
Más de G. 23.000 millones alrededor de un mismo grupo proveedor
Documentos preliminares analizados anteriormente por Canal-E mostraron una fuerte concentración de contratos y órdenes de compra en Quiroga Hermanos, por un monto cercano a los G. 23.000 millones durante la gestión de González.
Posteriormente, la concejal Osmayra Pereira denunció ante los organismos de control adjudicaciones que alcanzarían los G. 23.464 millones a empresas vinculadas a los hermanos Quiroga Báez, solicitando que se determine si existieron irregularidades o incompatibilidades en esos procesos.
Por lo tanto, corresponde determinar hasta dónde llegó esa concentración de contratos, bajo qué mecanismos fueron adjudicados, qué nivel de competencia existió en cada proceso y cuál fue la responsabilidad de las autoridades municipales que aprobaron y ejecutaron esos gastos.
Y es precisamente allí donde aparecen comparaciones difíciles de ignorar.
Joaquín Roa: G. 16.080 millones y una condena de 8 años
El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa fue condenado a 8 años de prisión luego de que el Ministerio Público demostrara el direccionamiento de licitaciones hacia empresas vinculadas al empresario Alberto Koube.
La Fiscalía acreditó adjudicaciones por aproximadamente G. 16.080 millones entre 2018 y 2021. En ese proceso también se probaron beneficios indebidos recibidos por Roa, entre ellos una embarcación y el pago de un viaje a Europa. El perjuicio patrimonial probado fue calculado en unos G. 805 millones.
En marzo de 2026, un Tribunal de Apelación confirmó los 8 años de prisión para Roa y 6 años para Koube. Actualmente el exministro busca revertir esa condena ante la Corte Suprema, por lo que no corresponde afirmar que ya se encuentre cumpliendo la pena en una penitenciaría.
El dato central, sin embargo, es contundente: G. 16.080 millones en contrataciones concentradas y direccionadas formaron parte de una investigación fiscal que terminó en una condena penal.
Miguel Prieto: casi G. 17.000 millones para un proveedor
Otro antecedente se encuentra en Ciudad del Este.
Durante la administración del exintendente Miguel Prieto, la empresa SERVMAQ, vinculada a Fredy Guzmán Martínez, recibió aproximadamente G. 1.862 millones mediante el Consejo Local de Salud y otros G. 15.113 millones mediante procesos de Contrataciones Públicas.
En total, la cifra ronda los G. 16.975 millones.
Prieto fue imputado por lesión de confianza en una causa relacionada con obras sanitarias en la que el Ministerio Público calcula un supuesto perjuicio de G. 757.166.276. Guzmán también fue procesado y posteriormente reconoció los hechos que le fueron atribuidos para acceder a una salida procesal alternativa.
Esto no significa que los G. 17.000 millones constituyan por sí mismos el perjuicio investigado ni que todas esas adjudicaciones hayan sido declaradas ilegales. Pero sí demuestra que la concentración de contrataciones alrededor de determinados proveedores puede formar parte de una investigación mucho más amplia cuando aparecen elementos que hacen presumir un posible daño patrimonial o direccionamiento.
¿Y en Lambaré?
La comparación plantea una pregunta que el Ministerio Público debería responder.
En el caso Roa hubo una investigación que terminó determinando responsabilidades penales por un esquema que involucró G. 16.080 millones en licitaciones direccionadas.
En Ciudad del Este, Miguel Prieto enfrenta procesos penales y una investigación en la que aparece un proveedor que recibió casi G. 17.000 millones durante su administración.
En Lambaré existen denuncias que ubican en más de G. 23.000 millones las adjudicaciones destinadas a empresas vinculadas a un mismo grupo familiar durante la administración de Guido González. Además, la DNCP ya detectó irregularidades concretas en al menos uno de los contratos adjudicados a ITC Ingeniería y remitió el caso a sumario.
Las situaciones jurídicas no son idénticas y el monto de una contratación, por sí solo, no constituye un delito. Pero precisamente por la magnitud de las cifras, la concentración de proveedores y las observaciones oficiales existentes, resulta llamativo que públicamente todavía no se conozca una investigación fiscal de similar profundidad sobre estas adjudicaciones de la era Guido González.
La pregunta no es si González debe ser condenado anticipadamente. Eso solamente puede determinarlo la Justicia luego de una investigación y con respeto al derecho a la defensa.
La pregunta es otra:
¿La Fiscalía investigó los más de G. 23.000 millones adjudicados a empresas vinculadas a los Quiroga Báez? ¿Requirió los contratos, adendas, órdenes de pago, informes de fiscalización y movimientos financieros? ¿Analizó las observaciones remitidas por la DNCP y las denuncias presentadas ante los organismos de control?
Si en otros municipios y entidades públicas las adjudicaciones concentradas, los proveedores recurrentes y las inconsistencias administrativas motivaron investigaciones penales, Lambaré no debería recibir un tratamiento diferente.
Guido González dejó la Intendencia para volver a competir por el cargo. Los electores decidirán su futuro político en las urnas, pero corresponde al Ministerio Público determinar si detrás de las irregularidades administrativas y de los millonarios contratos existieron también hechos con relevancia penal.
Más de G. 23.000 millones ameritan, como mínimo, una explicación. Y si existen indicios de hechos punibles, ameritan una investigación con la misma rigurosidad aplicada en otros casos.
