El sistema judicial paraguayo atraviesa una de sus crisis más profundas, marcada por un deterioro institucional que amenaza los cimientos mismos de la justicia. En conversaciones con profesionales del derecho del sector privado, la respuesta fue casi unánime: el principal problema es la corrupción.
La corrupción dentro del Poder Judicial no es un hecho aislado, sino una red estructurada que involucra a jueces, fiscales, funcionarios y políticos. Escándalos recientes han revelado cómo ciertos procesos se manipulan en favor de intereses personales o partidarios, fomentando una impunidad que socava la confianza pública.
Uno de los entrevistados fue tajante: “Cada ministro tiene su equipo y su estudio jurídico aparte. Cobran a través de empresas registradas y así lavan su plata”.
Además, la elección de ministros de la Corte Suprema se ha convertido en un proceso abiertamente político. “Antes se valoraban la capacidad y el currículum. Hoy el sistema está prostituido. El Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura deben redefinirse y dejar de responder a intereses de grupos empresariales o políticos”, señalan los especialistas.
Reformas urgentes para una justicia independiente
Para revertir esta situación, los expertos plantean una reforma integral que combine medidas legislativas, institucionales y tecnológicas, enfocadas en la independencia y la transparencia del sistema:
Selección y remoción transparente:
Concursos públicos con evaluaciones técnicas, participación de expertos independientes y eliminación de cuotas partidarias. Fortalecer el Jurado de Enjuiciamiento y garantizar revisiones dobles (“doble conforme”) para evitar arbitrariedades.
Tribunales especializados:
Crear juzgados exclusivos para casos de corrupción y crimen organizado, con plazos procesales fijos y equipos técnicos en inteligencia financiera. Esto reduciría las desestimaciones prematuras, que hoy superan el 50% de las causas penales.
Digitalización y transparencia total:
Un sistema electrónico unificado que conecte al Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría permitiría publicar en línea todas las causas, resoluciones y sentencias. La interoperabilidad eliminaría manipulaciones y permitiría auditorías en tiempo real.
Ética y rendición de cuentas:
Implementar códigos de ética obligatorios, formación continua y canales seguros de denuncia para proteger a quienes revelen casos de corrupción. También se plantea un órgano autónomo de integridad bajo supervisión de la Contraloría.
Monitoreo ciudadano y cooperación internacional:
Integrar a la sociedad civil y organismos internacionales como la OEA o Transparencia Internacional en la fiscalización del sistema, asegurando auditorías externas y métricas de cumplimiento.
De los discursos a la acción
El compromiso asumido en la Cumbre de Poderes de 2025, que priorizó la erradicación de la corrupción, aún debe traducirse en hechos concretos. Con voluntad política y presión ciudadana, Paraguay podría transformar su justicia en un modelo regional.
La corrupción jurídica no es solo un problema judicial: es el reflejo de una democracia debilitada. Recuperar la confianza en la justicia es el primer paso para recuperar el país.
