Nuevas publicaciones periodísticas vuelven a exponer una vieja herida del Poder Judicial: la presencia de familiares y personas del entorno cercano de ministros de la Corte en cargos públicos bien remunerados. El caso golpea directamente la credibilidad de una institución que debe garantizar justicia, transparencia e independencia, pero que otra vez aparece marcada por denuncias de privilegios, acomodos y protección política.
El Poder Judicial vuelve a quedar en el centro de la polémica. Publicaciones difundidas por El Observador apuntan directamente a ministros de la Corte Suprema de Justicia y a su entorno familiar, señalando que parientes y allegados ocupan cargos dentro del Estado con salarios millonarios.
Las denuncias mencionan al ministro Luis María Benítez Riera, a la ministra Carolina Llanes y a familiares que, según esas publicaciones, perciben remuneraciones importantes en el Poder Judicial y otras instituciones públicas. El señalamiento no es menor: se trata de autoridades que integran la máxima instancia judicial del país, la misma que debe custodiar la legalidad, la independencia de los jueces y la confianza ciudadana.
El contexto agrava el cuadro. Benítez Riera figura oficialmente como vicepresidente primero de la Corte, presidente de la Sala Penal, integrante del Consejo de Superintendencia y representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, órgano clave en la selección de ternas para cargos del sistema de justicia. Carolina Llanes, por su parte, también integra la Sala Penal y figura como responsable de circunscripciones judiciales, además de haber sido designada como suplente ante el Consejo de la Magistratura.
A esto se suman antecedentes ya publicados por medios nacionales. Última Hora informó en 2024 que una hermana de Carolina Llanes fue designada directora en la Corte y que, tras la llegada de Llanes al máximo tribunal, tuvo ascensos dentro de la estructura judicial. La Nación también publicó que Mirko Duré, exjefe de Gabinete de la ministra Llanes, fue designado director general de Administración y Finanzas del Poder Judicial, un cargo considerado de confianza y con manejo administrativo sensible.
El problema de fondo no se limita a nombres ni a montos. La pregunta central es si la Corte Suprema se convirtió en un espacio donde el poder judicial, político y familiar termina mezclándose hasta borrar los límites entre mérito, confianza institucional y privilegio. En un país donde miles de ciudadanos esperan años por una resolución judicial, resulta grave que la máxima instancia aparezca asociada a denuncias sobre clanes familiares, cargos bien pagados y redes de protección interna.
La Ley contra el nepotismo en la función pública establece restricciones para nombramientos de cónyuges, concubinos y parientes dentro de determinados grados de consanguinidad y afinidad, además de prever sanciones y devolución de salarios cobrados indebidamente en casos de nombramientos irregulares. Por eso, más allá de las explicaciones que puedan dar los afectados, corresponde que las instituciones competentes revisen las nóminas, los procesos de nombramiento, los concursos, los ascensos y los vínculos familiares denunciados.
La Corte no puede pedir confianza ciudadana mientras mantiene zonas oscuras en su propia casa. Si los cargos fueron obtenidos por concurso, con méritos y sin intervención de padrinazgos, debe transparentarse. Si hubo influencia, acomodo o uso del poder para beneficiar a familiares y allegados, debe investigarse y sancionarse.
La justicia paraguaya no solo debe ser independiente del poder político. También debe ser independiente de los clanes, de los favores internos y de los privilegios familiares. Porque cuando la ciudadanía ve a los familiares del poder acumulando cargos y salarios, mientras el sistema judicial sigue lento, cuestionado y distante, la confianza pública no se debilita: se derrumba.
