El abogado y dirigente colorado Hernán Liseras lanzó graves acusaciones contra el entorno político de los Brítez Noblia en Lambaré. Denunció presuntas presiones sobre funcionarios municipales y del Hospital General para participar de caminatas, reuniones y actos electorales, además de cuestionar la utilización de estructuras institucionales en beneficio de una campaña política.
La interna colorada en Lambaré vuelve a subir de temperatura y esta vez las acusaciones alcanzan a una familia con presencia en distintos espacios de poder político, municipal, sanitario y cooperativo de la ciudad.
El abogado Hernán Liseras denunció públicamente al concejal Rodolfo Brítez Noblia, actual presidente de la Junta Municipal de Lambaré, a quien acusa de presuntamente obligar o presionar a funcionarios de la Municipalidad y del Hospital General de Lambaré para participar de actividades partidarias, entre ellas caminatas, reuniones y actos políticos.
Su hermano, Víctor Brítez Noblia, se desempeña como director del Hospital General de Lambaré, mientras que Gustavo Brítez Noblia integra actualmente el Consejo de Administración de la Cooperativa Lambaré.
EL PATRIARCA POLÍTICO DEL CLAN
Pero detrás de los tres hermanos aparece otra figura con décadas de influencia política: Roberto Brítez Ferreira, padre de Rodolfo, Víctor y Gustavo.
Brítez Ferreira fue miembro titular del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), en representación de los jubilados y pensionados. Su nombramiento en ese cargo consta en documentación oficial del propio IPS desde septiembre de 2018.
También es presidente de la Seccional Nº 1 de Lambaré, cargo partidario para el cual fue candidato en las internas de 2022 y posteriormente resultó electo. La propia documentación electoral de la ANR registra su candidatura a la presidencia de la Seccional 349 de Lambaré.
Su influencia no es nueva.
Ya en 2019, ABC Color informó que mientras Roberto Brítez Ferreira ocupaba un asiento en el Consejo del IPS, su hijo Víctor Brítez Noblia trabajaba como médico en la previsional y Rodolfo Brítez también figuraba como funcionario administrativo del ente.
Cuatro años después, otra publicación periodística señalaba que Víctor seguía teniendo ingresos provenientes del IPS, la Municipalidad de Lambaré y el Ministerio de Salud, mientras Gustavo Brítez Noblia aparecía como funcionario del Ministerio de Trabajo. La misma publicación también mencionaba a otros familiares vinculados a instituciones estatales.
Un informe de Nación Media de 2022 llegó incluso a describir la situación como un “clan instalado en la función pública” y señaló que la familia acumulaba distintos cargos e ingresos estatales. Esa caracterización corresponde al citado medio y no constituye por sí misma prueba de que los nombramientos hayan sido irregulares.
Es precisamente sobre esta estructura que Liseras plantea uno de sus cuestionamientos más fuertes.
Según el dirigente colorado, Roberto Brítez Ferreira utilizaría su peso como presidente de seccional y sus contactos políticos para abrir espacios de poder a sus hijos y sostener la influencia familiar dentro de distintas instituciones de Lambaré.
Se trata de una acusación que debe ser probada, pero que adquiere relevancia ante un dato objetivo: miembros de la misma familia ocupan o han ocupado simultáneamente posiciones en la Junta Municipal, el Hospital General, la Cooperativa Lambaré, el IPS y otras instituciones públicas.
MUNICIPALIDAD, HOSPITAL Y COOPERATIVA
Para Liseras, esa concentración de espacios no sería meramente familiar, sino que constituiría una estructura política utilizada electoralmente.
El abogado sostiene que funcionarios dependientes de la Municipalidad y del Hospital General serían presionados para acompañar las actividades de Rodolfo Brítez Noblia, particularmente caminatas, reuniones y actos partidarios.
También denunció que instalaciones vinculadas a la Cooperativa Lambaré habrían sido utilizadas para actividades políticas.
La cuestión central es determinar si detrás de la actividad partidaria existen funcionarios obligados a participar o recursos institucionales puestos al servicio de determinados candidatos.
Porque una cosa es que un funcionario decida voluntariamente participar de política y otra muy distinta sería que su estabilidad laboral, su cargo o su relación con una institución pública estuviera condicionada a acompañar una campaña electoral.
EL COMUNICADO DEL “COMANDO” QUE GENERÓ MÁS DUDAS
Luego de que las acusaciones de Liseras tomaran estado público comenzó a circular un comunicado atribuido al denominado “Comando de Honor Colorado de Lambaré”, expresando respaldo a determinados candidatos a concejales.
Liseras afirma que dirigentes partidarios consultados en Asunción le manifestaron que ese supuesto comando no existiría formalmente en los términos presentados.
El comunicado, sin embargo, aparecía vinculado al candidato a intendente Guido González.
Según relató Liseras a Canal-E, posteriormente encaró personalmente a González para preguntarle por la publicación y este le habría respondido que “no tenía redes sociales”, desligándose de responsabilidad.
La situación deja una pregunta todavía sin respuesta:
¿Quién redactó, autorizó y difundió entonces el comunicado y quién decidió utilizar el nombre del supuesto comando político?
DE LA DENUNCIA A LOS ATAQUES EN REDES
Otro elemento que Liseras considera llamativo es lo ocurrido inmediatamente después de sus denuncias públicas.
Según manifestó, varias páginas de redes sociales comenzaron una campaña de publicaciones en su contra. El dirigente sostiene que esas cuentas responderían políticamente al entorno del candidato Guido González.
Liseras aseguró además que ya existiría una denuncia ante organismos especializados en delitos informáticos para intentar determinar quiénes administran esas páginas y desde dónde se generan los ataques.
Uno de los puntos que se busca esclarecer, según la denuncia, es particularmente delicado: si pudiera existir utilización de equipos, funcionarios, recursos o infraestructura pertenecientes a instituciones públicas para producir campañas de desprestigio contra políticos y periodistas.
Hasta ahora, esa eventual utilización de bienes públicos no está comprobada y deberá ser determinada por una investigación.
¿UNA FAMILIA O UNA ESTRUCTURA DE PODER?
Rodolfo Brítez Noblia preside actualmente la Junta Municipal.
Víctor Brítez Noblia dirige el Hospital General de Lambaré.
Gustavo Brítez Noblia integra el Consejo de Administración de la Cooperativa Lambaré.
Y el padre de los tres, Roberto Brítez Ferreira, preside una de las estructuras partidarias más importantes de la ANR en la ciudad y fue durante años miembro del Consejo de Administración del IPS.
El parentesco, por supuesto, no constituye ninguna irregularidad.
Pero cuando una misma familia acumula posiciones de influencia en instituciones públicas, partidarias y sociales de una misma ciudad, las denuncias sobre eventuales presiones políticas, utilización de funcionarios o aprovechamiento electoral de esas estructuras necesariamente requieren respuestas.
Y eso es precisamente lo que Liseras reclama.
El dirigente sostiene que desde la Seccional Nº 1 se habría construido durante años una estructura de contactos destinada a garantizar espacios para miembros de la familia y consolidar posteriormente poder electoral.
La afirmación deberá ser demostrada.
Sin embargo, los antecedentes públicos sobre la presencia de varios integrantes de la familia en distintas instituciones hacen que la denuncia no pueda ser despachada simplemente como otra pelea interna de la ANR.
LISERAS TAMBIÉN PONE EN DUDA EL TÍTULO DE RODOLFO BRÍTEZ
En medio de sus cuestionamientos, Hernán Liseras también dejó públicamente planteadas dudas respecto del título de “Licenciado” atribuido a Rodolfo Brítez Noblia.
Hasta el momento, Canal-E no cuenta con documentación suficiente que permita afirmar que exista alguna irregularidad académica, por lo que el cuestionamiento corresponde exclusivamente al denunciante y deberá ser respaldado con documentos.
La controversia abre ahora varios interrogantes que deberían ser respondidos públicamente: si funcionarios municipales o sanitarios fueron presionados para participar de actividades políticas; si instalaciones institucionales fueron utilizadas en beneficio de campañas; quién está detrás de las páginas que comenzaron los ataques después de las denuncias; y qué participación tiene cada integrante de esta estructura familiar en la construcción política colorada de Lambaré.
Porque el problema no es llevar el mismo apellido. El problema comenzaría si los cargos públicos, las instituciones y los funcionarios terminaran funcionando como herramientas de una estructura familiar y electoral. Y eso es precisamente lo que ahora deberá esclarecerse.
