La trama de presuntas estafas judiciales conocida como la “mafia de los pagarés” suma un nuevo capítulo en el ámbito disciplinario. La Fiscalía solicitó formalmente la remoción de la jueza de paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, ante el Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados (JEM), al sostener que existen elementos suficientes que evidencian un grave mal desempeño en sus funciones.
El pedido fue presentado por el fiscal acusador Celso Ayala durante los alegatos finales desarrollados este jueves. Según la acusación, la magistrada no solo habría incurrido en irregularidades procesales dentro de su juzgado, sino que además su conducta podría encuadrar en hechos punibles que deben ser analizados en la vía penal.
La causa se desprende de múltiples denuncias vinculadas al esquema de cobros compulsivos mediante pagarés, donde se detectaron presuntas maniobras irregulares como notificaciones defectuosas, procesos ejecutivos acelerados y embargos cuestionados. Estos mecanismos habrían afectado a numerosas víctimas que, en varios casos, denunciaron desconocer los procesos en su contra hasta la ejecución de medidas judiciales.
Durante su intervención ante el Jurado, la jueza Cibils intentó deslindar responsabilidad, atribuyendo las fallas en las notificaciones a los ujieres de su despacho. Sostuvo que dichos funcionarios serían los responsables directos de las irregularidades detectadas. No obstante, el Ministerio Público insiste en que la responsabilidad funcional recae en la titular del juzgado, en su rol de dirección y control del proceso.
La presidenta del JEM, Alicia Pucheta, dispuso el llamado de autos para sentencia tras la conclusión de los alegatos, lo que abre la etapa final para la resolución del caso en sede disciplinaria.
En paralelo, el órgano extrapoder resolvió suspender los plazos en lo referente a la acusación por presunto prevaricato, hasta tanto exista una definición en el proceso penal abierto contra la magistrada. Esta decisión busca evitar resoluciones contradictorias entre las jurisdicciones administrativa y penal.
De la sesión participaron autoridades de alto nivel del sistema judicial y del Congreso. Entre ellos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quien integró el Jurado en reemplazo del ministro Manuel Ramírez Candia, además de legisladores que forman parte del JEM, tanto de manera presencial como telemática.
El caso se enmarca en una serie de investigaciones que exponen posibles fallas estructurales en juzgados de paz, especialmente en el manejo de juicios ejecutivos por deudas documentadas. La decisión del JEM será clave no solo para determinar la situación de la jueza Cibils, sino también para sentar precedentes en torno a la responsabilidad de los magistrados frente a prácticas que afectan la seguridad jurídica de los ciudadanos.
