La Fiscalía imputó en la noche del martes al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto por lesión de confianza, tras una supuesta compra ficticia de kits de alimentos para familias de escasos recursos durante la pandemia del coronavirus. Dicho gasto, ocasionó un perjuicio de más de G. 1.000.000.000.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, imputaron anoche al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el hecho punible de lesión de confianza, mediante la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, que ocasionó un perjuicio de G. 1.769.790.000 a la comuna.
La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL.
“Se habría ajustado o simulado cadena de compra-venta, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal Emili Vanessa Florentín Páez, es del entorno de Prieto”, refiere parte de la imputación.
Los fiscales solicitaron el arresto de Prieto y la imputación para Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
Según la imputación, el 20 de marzo de 2020, por resolución N° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este, representada por Miguel Prieto, con base a un dictamen de la directora de UOC, Maggi Fariña, llamó a licitación por vía de la excepción para la adquisición de cestas básicas a ser distribuidas a familias de escasos recursos por la pandemia del Covid-19. Se designó a Sebastián Martínez y José Félix Cáceres, como miembros del Comité de Evaluación.
La firma que se presentó fue Tía Chela SRL, con una oferta de G. 2.949.650.000.
“De acuerdo a los elementos colectados por el Ministerio Público, se tendría que la empresa adjudicada no habría tenido en su inventario la totalidad de las mercaderías ofertadas a la Municipalidad para el día 23 de marzo de 2020, fecha en la cual el comité de evaluación se reunió para evaluar la oferta”, menciona la imputación presentada por los tres fiscales.
Agrega que según la documentación presentada en su oferta, no obraba documento alguno que acreditara que la misma contaba con la disponibilidad material de proveer los bienes ofertados de forma inmediata. Además de que la proveedora tampoco contaba con la capacidad financiera, capacidad técnica, ni experiencia para dar cumplimiento a una licitación de un monto tan significativo.
Otras cuestiones que fueron pasadas por alto por el Comité Evaluador, y que a pesar de ello, se habría expedido favorablemente respecto a la adjudicación a Tía Chela del contrato por más de G. 2.949 millones.
