La situación legal del exfutbolista Néstor Ortigoza ha dado un giro definitivo hacia los tribunales tras confirmarse la decisión de la Justicia de avanzar con su imputación formal.
El recordado mediocampista de la Albirroja se encuentra acorralado por la causa que investiga presuntos hechos de violencia de género, una denuncia impulsada por su exesposa, Lucila Cassiau. Este nuevo paso de las autoridades judiciales quiebra cualquier intento de la defensa por enfriar el caso, colocando al exatleta en la antesala de un juicio oral que promete paralizar al ámbito deportivo rioplatense.
El dictamen de la fiscalía se apoyó en un robusto compendio de pruebas recolectadas en las últimas semanas, donde cobraron un peso determinante las filmaciones del ámbito doméstico que se hicieron públicas y que evidencian conductas altamente agresivas. Ante la contundencia de los elementos que constan en el expediente, el juzgado interviniente fijó la audiencia indagatoria para los primeros días de agosto, una cita obligatoria donde el exjugador deberá responder ante los cargos que se le adjudican. Dependiendo de las agravantes que se sostengan en el debate, la escala penal aplicable podría arrebatarle la libertad por varios años.
Este escándalo extramuros no solo destruyó la imagen pública del ídolo de San Lorenzo de Almagro, sino que además detonó una crisis institucional sin retorno en su faceta como dirigente, forzando un repudio masivo que dinamitó sus vínculos profesionales. Con restricciones de acercamiento vigentes y un monitoreo constante sobre la integridad de las víctimas, el proceso entra en una etapa de definiciones cruciales. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos vigilan de cerca los movimientos de la magistratura, exigiendo un fallo ejemplar que no se deje amedrentar por los antiguos laureles del fútbol.
