Un nuevo caso de presunto tráfico de influencias vuelve a generar cuestionamientos en el ámbito político y administrativo, tras denuncias que señalan un posible trato preferencial en la adjudicación de una vivienda social por parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
Según publicaciones de medios de comunicación y fuentes internas de la institución, el senador Javier Vera Medina, conocido públicamente como “Chaqueñito”, habría sido beneficiado con una vivienda destinada a la clase media en tiempo récord y sin cumplir con los requisitos básicos exigidos por los programas habitacionales vigentes.
La adjudicación habría sido realizada por el MUVH, actualmente a cargo del ministro Juan Carlos Baruja. No obstante, de acuerdo con fuentes consultadas dentro del propio ministerio, la decisión no habría sido adoptada de manera unilateral, sino que respondería a un “pedido” proveniente de otra autoridad de alto nivel, cuya identidad no fue precisada.
Las denuncias señalan que el senador no reuniría las condiciones socioeconómicas requeridas para acceder a este tipo de beneficio estatal, lo que plantea serias dudas sobre el cumplimiento de los criterios de selección y transparencia en la adjudicación de viviendas sociales.
Este nuevo episodio se suma a antecedentes recientes que ya habían colocado al legislador en el centro de la polémica. Hace algunos meses, Javier Vera fue suspendido por 60 días en el Senado, luego de que se difundiera una grabación en la que presuntamente se hablaba de la recepción de dinero a cambio de votos dentro de la Cámara Alta, hecho que motivó un fuerte debate público e institucional.
Desde este medio se intentó obtener la versión tanto del senador involucrado como de las autoridades del MUVH, sin recibir respuesta hasta el cierre de esta publicación.
El caso vuelve a instalar el debate sobre el uso de recursos públicos, la igualdad ante la ley y la necesidad de mayores controles y transparencia en los programas sociales administrados por el Estado.
