La reciente asamblea de la Federación de Gimnasia del Paraguay quedó envuelta en una fuerte controversia, luego de que sectores opositores a la presidenta reelecta, Paula Espínola, denunciaran presuntas irregularidades que podrían derivar en la nulidad de lo actuado.
Uno de los principales puntos cuestionados gira en torno a la aprobación del balance financiero, el cual —según los denunciantes— habría sido firmado en violación del estatuto vigente. Alegan que la ausencia de la firma del tesorero, pese a su presencia en la asamblea, constituye una irregularidad sustancial que compromete la transparencia, la legalidad del proceso deliberativo y la legitimidad de las decisiones adoptadas.
“¿Cómo se puede aprobar un balance sin la firma del tesorero? Si no firma, simplemente no puede presentarse”, sostienen desde el sector disidente, que además afirma que en los últimos ocho años no se habría suscripto ningún documento bajo esas condiciones. También remarcan que la figura de una “protesorera” no está contemplada en los estatutos, lo que agrava aún más las dudas sobre la validez del procedimiento.
La asamblea, que según testigos se desarrolló en un clima tenso e “incidentado”, también quedó bajo sospecha por presuntas injerencias externas. De acuerdo con las denuncias, varios miembros de la federación habrían recibido instrucciones telefónicas por parte de Juan Carlos Orihuela, secretario del Comité Olímpico Paraguayo y colaborador cercano de Camilo Pérez.
Los críticos sostienen que estas supuestas intervenciones condicionaron el desarrollo de la asamblea y el sentido de las votaciones, lo que, a su criterio, pone en entredicho la autonomía institucional de la federación.
Ante este escenario, no se descarta que los sectores disidentes impulsen acciones para solicitar la nulidad de la asamblea y de la aprobación del balance, argumentando que se vulneraron principios básicos de legalidad y control interno.
Hasta el momento, la dirigencia oficial no ha emitido una respuesta detallada sobre estos cuestionamientos. Entretanto, el conflicto abre un nuevo foco de tensión en el ámbito deportivo, con posibles derivaciones institucionales si se comprueban las irregularidades denunciadas.
