El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó la reapertura de la causa penal contra el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, y otras seis personas acusadas por presunta estafa y lesión de confianza. La investigación está vinculada al supuesto pago irregular por obras que ya habrían sido ejecutadas anteriormente, generando un presunto perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 738.000.000 a la Municipalidad de Ñemby.
La resolución fue confirmada por el tribunal integrado por Gustavo Amarilla Arnica, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi, quienes ratificaron la decisión del juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia. Con esta decisión, el juzgado queda habilitado para fijar una nueva fecha de audiencia preliminar, instancia en la que se deberá resolver si la causa es elevada o no a juicio oral y público.
Según la acusación fiscal, en mayo de 2023 la administración municipal convocó a una licitación pública nacional para la construcción de empedrados en distintos barrios de Ñemby. Sin embargo, parte de las obras incluidas en los contratos ya habrían sido realizadas entre finales de 2021 e inicios de 2022, antes de la firma de los acuerdos cuestionados. Entre las calles mencionadas figuran tramos de Primera Junta Municipal, Cayo Pereira, Rodríguez de Francia, Primavera, Alegría y Araucanos.
Los demás acusados son Marcos Isaías Meza Ortiz, Enrique Hugo Delvalle García, Daniel Sánchez Arza, Flavio Duarte y Arnaldo Gauna Martínez, además de otro coprocesado mencionado en la causa. La investigación sostiene que se habrían avalado pagos, certificado obras y presentado documentaciones irregulares para respaldar trabajos que, según la Fiscalía, ya estaban ejecutados.
Las defensas habían planteado que la acción penal debía extinguirse, alegando que la causa fue reabierta fuera del plazo legal tras el sobreseimiento provisional dictado el 2 de abril de 2025. No obstante, el Tribunal concluyó que el Ministerio Público solicitó la reapertura el 30 de marzo de 2026, dentro del plazo de un año previsto por la normativa procesal.
La Fiscalía sostiene que existió conocimiento de las presuntas irregularidades y busca que el caso llegue a juicio oral. Mientras tanto, los acusados mantienen su presunción de inocencia hasta tanto exista una sentencia firme.
