La Cámara de Senadores analiza este martes el proyecto de reforma del transporte público, en medio de la presión ejercida por el gremio de choferes, que reclama la incorporación de tres modificaciones al texto. De no prosperar sus pedidos, anuncian una huelga para este miércoles y jueves.
La sesión extraordinaria de la Cámara Alta está convocada para las 10:00, con dos puntos centrales en el orden del día: la propuesta que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica la normativa vigente del servicio metropolitano de pasajeros, así como el proyecto que unifica las entidades rectoras, crea la Secretaría Nacional de Transporte (Senatran) y la Empresa Nacional de Transporte Público (Enatrapp).
Una semana atrás, los trabajadores del volante ya habían advertido con medidas de fuerza, las cuales fueron suspendidas tras la postergación del debate y el compromiso de abrir un espacio de diálogo. El plazo venció el viernes pasado sin avances, lo que derivó en la renovación de la amenaza de huelga.
Los choferes exigen tres puntos clave:
La absorción total del plantel de trabajadores en caso de cambio de operadores.
La definición clara de la responsabilidad del empleador en las obligaciones laborales.
La eliminación del artículo que declara al transporte como servicio público imprescindible, ya que consideran que esta figura los limitaría a ejercer el derecho a huelga.
Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, defendió el proyecto durante su presentación en Palacio de López. Entre los principales ejes mencionó la ruptura del monopolio de proveedores, la integración tarifaria para abaratar los costos, la incorporación de tecnología con sistemas de monitoreo en tiempo real, incentivos para la inclusión de mujeres en la conducción y la adquisición de nuevos buses eléctricos y menos contaminantes.
La iniciativa plantea además un modelo de gobernanza con reglas claras y mayor eficiencia en la gestión del servicio. Sin embargo, los sindicatos del transporte insisten en que el tratamiento debe suspenderse hasta lograr consensos que garanticen sus derechos laborales.
