El proyecto presentado por Antonio Barrios, Basilio Núñez y Natalicio Chase contiene 31 preguntas sobre supuestos excesos en operaciones con empresas vinculadas, controles internos, fondos públicos y posibles omisiones del Banco Central. Sin embargo, el documento no investiga directamente al presidente Santiago Peña, pese a las sospechas políticas que rodean el crecimiento de ueno bank y su cercanía con el poder.
Senadores de Honor Colorado presentaron un pedido de informe para que el Banco Central del Paraguay explique cómo supervisó las operaciones de ueno bank y si la entidad habría sobrepasado los límites establecidos para negocios con personas o empresas vinculadas.
Aunque los impulsores aseguran que buscan “transparentar”, el contenido del documento revela interrogantes mucho más delicados que una simple solicitud de datos. Las preguntas apuntan a determinar si existieron excesos, si fueron detectados oportunamente y si funcionarios del BCP dejaron de adoptar las medidas correspondientes.
¿Qué pide concretamente el Senado?
El proyecto contiene 31 preguntas y exige al BCP informar si detectó excesos en operaciones de ueno bank con Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros.
También solicita detalles sobre una venta de cartera a Vinanzas S.A. por USD 35 millones y G. 36.900 millones. Los senadores quieren conocer si el dinero fue transferido el mismo día a esa empresa y si la operación pudo constituir una financiación indirecta.
El pedido igualmente consulta sobre emisiones de bonos vinculadas con ITTI S.A.E., Grupo Vázquez S.A.E. y la propia entidad bancaria, además del destino de esos recursos.
Asimismo, exige saber:
- Si ueno bank presentó un plan de regularización.
- Si el BCP abrió algún sumario o procedimiento sancionatorio.
- Si se adoptaron medidas cautelares.
- Si existieron diferencias entre los técnicos de supervisión y la decisión final de la Superintendencia.
- Qué funcionarios fueron trasladados, reemplazados o renunciaron dentro del equipo encargado de controlar al banco.
- Qué efecto tendría revertir la excepción contable concedida después de la absorción de Visión Banco.
- Qué responsabilidad correspondería a los funcionarios que eventualmente omitieron actuar.
El BCP deberá acompañar sus respuestas con informes de inspección, dictámenes jurídicos, registros de excesos y documentos internos correspondientes a 2025 y 2026. El plazo solicitado es de 15 días. El cuestionario completo fue difundido por ABC Color.
Un memorando que podría ser clave
Uno de los puntos más sensibles es el memorando fechado el 10 de julio de 2026 y atribuido al exgerente de Supervisión, Fernando Rivarola.
El Senado pregunta si el documento fue recibido, qué trámite tuvo, si llegó al Directorio del BCP y si existió una diferencia entre el criterio técnico de la Gerencia de Supervisión y la decisión finalmente adoptada.
No es una pregunta menor: podría revelar si hubo advertencias internas sobre las operaciones de ueno bank y si estas fueron atendidas, ignoradas o desestimadas.
Fondos públicos y riesgo de concentración
El pedido también obliga al BCP a explicar qué evaluación realizó ante la magnitud de los depósitos del IPS y de otras instituciones públicas concentrados en ueno bank.
Los propios proyectistas reconocen que buscan determinar si el banco superó límites legales y si el control de la banca matriz fue correcto o demasiado permisivo. Los senadores oficialistas sostienen públicamente que buscan “transparentar” las operaciones.
¿Están investigando a Santiago Peña?
No directamente.
El proyecto no menciona al presidente Santiago Peña, no solicita información sobre su patrimonio, sus actuaciones particulares ni sus posibles vínculos con la entidad. Técnicamente, el pedido investiga la conducta del BCP, las operaciones de ueno bank y la eventual responsabilidad administrativa de funcionarios del organismo supervisor.
Por eso, presentar el documento como una investigación contra Peña sería incorrecto.
Sin embargo, la pregunta política es inevitable: ¿Honor Colorado pretende llegar hasta el fondo o busca adelantarse al escándalo, controlar la investigación desde el Congreso y luego utilizar una respuesta institucional como certificado de inocencia?
¿Control real o una operación de blanqueo?
El cuestionario es amplio y contiene preguntas comprometedoras. Sobre el papel, podría servir para exponer excesos, controles deficientes, conflictos de interés y posibles omisiones dentro del BCP.
Pero un pedido de informe no constituye por sí solo una investigación independiente ni una auditoría. Tampoco determina responsabilidades. Su verdadera intención se conocerá cuando lleguen las respuestas.
Si el Senado exige documentos, contrasta los datos, convoca a los responsables y remite eventuales irregularidades a los organismos competentes, habrá un intento real de transparencia.
Si, por el contrario, se limita a recibir una explicación del propio BCP y utiliza esa respuesta para cerrar rápidamente el caso, el pedido podría terminar funcionando como una operación política de blanqueo.
Las 31 preguntas están formuladas. Ahora falta saber si los senadores oficialistas quieren respuestas de verdad o solamente un documento que les permita declarar el caso cerrado.
