Una nueva denuncia sacude a la Entidad Binacional Yacyretá y vuelve a poner en el centro del debate el uso político de los cargos públicos. Silvia Noelia Giménez Gibbons, vinculada al clan familiar investigado por la millonaria estafa a la empresa ganadera Viradolce S.A., aparece ahora como funcionaria de alto rango en la binacional, con un salario privilegiado y un nombramiento que, según versiones internas, habría sido impulsado desde las más altas esferas del poder.
El caso apunta directamente a una presunta triangulación política entre el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el ministro secretario de la Presidencia, Jorge “Turi” Cappello; y el director paraguayo de la EBY, Luis Benítez.
De acuerdo con versiones de funcionarios de la entidad, la contratación de Giménez Gibbons habría sido solicitada por Turi Cappello y autorizada políticamente con el aval del entorno del vicepresidente Alliana, para luego ser ejecutada bajo la administración de Luis Benítez en Yacyretá. La funcionaria habría ingresado desde el año pasado con un alto salario, pese a sus antecedentes judiciales y su vinculación familiar con una de las causas de estafa más sonadas contra la empresaria Maris Llorens.
Silvia Noelia Giménez Gibbons fue declarada en rebeldía años atrás y contó con orden de captura en el marco de la investigación por la megaestafa a Viradolce S.A., empresa propiedad de Llorens. En esa causa, la red fue acusada de desviar millonarios montos mediante maniobras con cheques, simulación de pagos a proveedores y operaciones financieras irregulares.
Las principales operadoras del esquema, Annie Victoria Gibbons y Fabiola Bareiro, madre y tía de Noelia, fueron condenadas por estafa agravada, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero. El caso continuó su recorrido judicial tras anulaciones de sentencias y nuevas definiciones pendientes en instancias superiores.
Pese a ese pesado antecedente, Giménez Gibbons habría terminado ubicada en una de las entidades públicas más apetecidas del país: Yacyretá, históricamente cuestionada por los altos salarios, los nombramientos políticos y la falta de transparencia en el manejo de sus recursos humanos.
La pregunta es inevitable: ¿quién protegió el ingreso de Noelia Giménez Gibbons a la EBY?
Las versiones internas señalan una cadena de favores políticos: Turi Cappello habría pedido el nombramiento; Luis Benítez, cercano al vicepresidente Pedro Alliana, habría habilitado el espacio dentro de la binacional; y la autorización política habría llegado desde el entorno del propio vicepresidente.
De confirmarse, no se trataría de una simple contratación administrativa, sino de una operación de poder para acomodar a una persona con antecedentes judiciales sensibles dentro de una institución financiada con recursos públicos.
El caso golpea nuevamente el discurso oficial sobre transparencia y meritocracia. Mientras miles de paraguayos buscan empleo sin padrinos políticos, una persona vinculada a una causa por millonaria estafa habría sido premiada con un cargo de alto salario en Yacyretá.
La Entidad Binacional Yacyretá, el director paraguayo Luis Benítez, el ministro Turi Cappello y el vicepresidente Pedro Alliana deben explicar públicamente si existió o no gestión política para la contratación de Silvia Noelia Giménez Gibbons, cuál es su cargo, cuánto percibe mensualmente y bajo qué criterios fue incorporada.
Porque cuando una contratación pública nace bajo sospecha, el silencio solo alimenta una conclusión: en Paraguay, el poder sigue funcionando como una red de favores, protección y privilegios.
