La diputada europea griega Eva Kaili, fue detenida en Bruselas por sospechas de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales vinculados a Qatar, fue imputada por la justicia y despojada de sus funciones como vicepresidenta del Parlamento Europeo.
La legisladora, de 44 años y expresentadora de televisión, no pudo beneficiarse de su inmunidad parlamentaria ya que la infracción que se le atribuye fue constatada en “flagrante delito” el viernes, cuando fue detenida con bolsas llenas de billetes, según la fiscalía federal.
El grupo de los Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, al que pertenece Kaili, ya había decidido el viernes suspender a la eurodiputada griega en esa formación.
El escándalo estalló el pasado viernes, en pleno Mundial de Fútbol, tras varios meses de investigación de la Fiscalía belga, que sospecha que Qatar ha pagado “grandes cantidades de dinero” y ha ofrecido “regalos significativos” a personas que tienen una “posición política estratégica” dentro del Parlamento Europeo, para influir en sus decisiones.
Lo habría hecho “pagando sustanciales cantidades de dinero y ofreciendo importantes regalos a terceros con una posición política o estratégica importante en el seno del Parlamento Europeo”.
Estos regalos por parte de los qataríes habrían estado ligados a la voluntad del país de mejorar su imagen en lo que concierne a los derechos humanos y el trato dado a los trabajadores migrantes, en medio de múltiples polémicas que se han desatado por las muertes de empleados en los últimos años en el país, desde que fue designado como anfitrión del mundial.
Junto a Kaili, los arrestados son su compañero; el ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri (también socialdemócrata); el recién elegido presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos, Luva Visentini, y un lobista cuya identidad no ha trascendido.
Según los diarios belgas “Le Soir” y “Knack”, se encontró medio millón de euros en efectivo en casa de Panzeri, quien ahora es presidente de la asociación Fight Impunity, dedicada a luchar contra la impunidad por violaciones graves de los derechos humanos o crímenes contra la humanidad.