Por Canal-E | Investigación
La figura de Jover Darío González Benítez, sobrino del intendente de Lambaré, Guido González, vuelve a quedar bajo la lupa pública. Su recorrido por distintas municipalidades, los antecedentes judiciales y las denuncias internas sobre su rol actual configuran un cuadro que, según fuentes consultadas por Canal-E, amerita la intervención de los órganos de control y del Ministerio Público.
Este trabajo se basa en documentos, antecedentes públicos y testimonios de funcionarios municipales. Canal-E solicitará descargos a los mencionados. Rige el principio de inocencia.
Antecedente clave: imputación por FONACIDE y royalties en Ybytymí
El punto de partida se remonta a la Municipalidad de Ybytymí. De acuerdo con registros y fuentes judiciales, Jover González Benítez fue imputado por presuntos hechos vinculados al manejo irregular de fondos de FONACIDE y royalties durante su paso por esa comuna en 2015.
La imputación se relaciona con un faltante aproximado de Gs. 427.283.203, detectado en un lapso de apenas cuatro meses de administración. Auditorías y actuaciones fiscales de la época señalaron inconsistencias en la ejecución y rendición de esos recursos, lo que derivó en la apertura de la causa penal. Este antecedente resulta central para comprender por qué su nombre genera hoy fuertes cuestionamientos en Lambaré.
De Ybytymí a Lambaré: el ingreso al corazón financiero
Años después, González Benítez desembarcó en la Municipalidad de Lambaré como director financiero, cargo al que accedió tras la asunción de su tío, el intendente Guido González. La designación fue interpretada por funcionarios y actores políticos locales como un caso evidente de nepotismo, al tratarse de un familiar directo en un área sensible: la administración de los recursos públicos.
Según testimonios recogidos por este medio, desde esa posición se concentraron decisiones clave sobre pagos, priorización de gastos y tramitación de expedientes financieros.
Presupuesto 2022 y alertas internas
Uno de los episodios más delicados señalados por fuentes internas es la rápida ejecución del presupuesto municipal 2022. Cuando comenzaron a surgir cuestionamientos administrativos, gran parte de los recursos ya se encontraban comprometidos o ejecutados.
Además, se sostiene que los informes remitidos a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía llevaron la firma del entonces director financiero, consolidando su responsabilidad directa en la rendición de cuentas del municipio.
La renuncia y la triangulación administrativa
En medio de los cuestionamientos, González Benítez renunció a su cargo en Lambaré, donde percibía un salario cercano a Gs. 15 millones, y pasó a desempeñarse como funcionario en la Municipalidad de Fernando de la Mora, con una remuneración aproximada de Gs. 2 millones.
Lejos de tratarse de un retroceso profesional, funcionarios consultados describen esta maniobra como una estrategia para regresar luego a Lambaré como comisionado, evitando así restricciones formales vinculadas al nepotismo. Actualmente, González Benítez se desempeña como asesor, con ingresos que rondarían los Gs. 6 millones mensuales, incluyendo pluses.
“Nada se mueve sin su visto bueno”
Las denuncias más graves apuntan a su rol real dentro de la estructura municipal. Aunque no figura como director, fuentes del área financiera afirman que opera desde una oficina paralela, contigua a la Dirección de Administración y Finanzas.
“Nada se hace sin que pase por su mano”, aseguró un funcionario a Canal-E.
Según estos testimonios, el asesor definiría a quién se paga, cuándo se paga y qué proveedores son priorizados, influyendo incluso en procesos de adjudicación y en la liberación de fondos.
Un proveedor dominante y contratos millonarios
Otra arista investigada es la concentración de adjudicaciones en una sola firma. Documentos preliminares analizados por este medio indican que la empresa Quiroga Hermanos habría sido beneficiada con contratos y órdenes de compra por un monto acumulado cercano a los Gs. 23.000 millones, abarcando rubros que van desde obras de construcción hasta servicios y provisiones diversas.
El esquema descripto recuerda prácticas ya condenadas en otros casos de corrupción administrativa: llamados diseñados a medida y repetición sistemática de un mismo proveedor.
Emergencia vial y nuevo endeudamiento
Actualmente, la administración de Guido González tramita un préstamo de Gs. 3.000 millones bajo el argumento de una “emergencia vial”. La decisión genera críticas internas que recuerdan la última declaración similar, cuando se gastaron cerca de Gs. 6.000 millones principalmente en la construcción de cunetas, mientras numerosas calles permanecían en mal estado.
Un caso que pide intervención
Por donde se lo analice —antecedentes judiciales, parentesco directo, concentración de poder, proveedores recurrentes y endeudamiento—, la gestión municipal de Lambaré presenta elementos suficientes para una investigación profunda por parte del Ministerio Público y los órganos de control.
Canal-E solicitará descargos al intendente Guido González y a Jover González Benítez sobre cada uno de los puntos aquí expuestos.
Mañana publicaremos una investigación sobre cómo se dilapidaron los fondos destinados al almuerzo escolar durante la pandemia, con documentos y trazabilidad del gasto.