La Corte Suprema de Justicia aprobó la Resolución N.° 12.677, de fecha 4 de marzo de 2026, mediante la cual establece una política operacional con directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial en el Poder Judicial. La disposición fue comunicada oficialmente el 10 de marzo y define que estas herramientas podrán ser utilizadas únicamente como apoyo, bajo supervisión humana y dentro del marco constitucional y legal vigente.
De acuerdo con el documento, el objetivo central es orientar a magistrados y funcionarios sobre un uso ético, responsable, adecuado y transparente de la inteligencia artificial, garantizando el respeto a derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa en juicio, la intimidad, la igualdad ante la ley y la no discriminación. La normativa también apunta a optimizar procesos judiciales y administrativos, siempre con sistemas que sean explicables y auditables.
La política alcanza a magistrados y funcionarios del Poder Judicial que utilicen, desarrollen, adquieran o supervisen sistemas de IA, tanto en órganos jurisdiccionales como en dependencias administrativas. Además, abarca sistemas ya existentes y futuros, incluyendo los desarrollados internamente o incorporados a través de terceros.
Entre los usos permitidos, la Corte habilita la inteligencia artificial para tareas auxiliares como investigación jurídica, análisis de precedentes, organización de información, elaboración de borradores, resúmenes, traducciones, diseño de presentaciones, gestión administrativa y simplificación del lenguaje legal, siempre que los resultados sean revisados, verificados y contrastados con fuentes confiables.
No obstante, la resolución establece prohibiciones expresas. La inteligencia artificial no podrá reemplazar a jueces ni funcionarios en la toma de decisiones, ni utilizarse para delegar resoluciones judiciales o administrativas, automatizar procesos que afecten derechos fundamentales, valorar pruebas sin supervisión humana, determinar culpabilidad o inocencia, fijar penas o calcular indemnizaciones sin intervención humana.
Otro eje central de la reglamentación es la transparencia. La Corte dispone que, cuando se utilicen sistemas de inteligencia artificial, deberá informarse a las partes cuándo y cómo se emplean estas herramientas, para qué fines se usan y cuáles son sus eventuales efectos dentro del proceso. También exige revelar el uso de inteligencia artificial generativa en la redacción de textos con posibles consecuencias legales y documentar las interacciones que hayan influido en el resultado final.
La política también incorpora salvaguardas sobre protección de datos personales, privacidad y seguridad de la información confidencial. En ese sentido, exige privilegiar sistemas con resguardo de datos, evitar la salida de información sensible fuera de los servidores del Poder Judicial y reforzar medidas contra accesos no autorizados o filtraciones.
Además, la Corte prevé que el uso de estas tecnologías vaya acompañado de capacitación y formación continua para magistrados y funcionarios, con el objetivo de fortalecer capacidades digitales, comprensión de riesgos y actualización permanente frente a los avances tecnológicos. El documento también señala que la reglamentación podrá ser revisada y actualizada conforme evolucione la materia.
Con esta resolución, la Corte Suprema da un paso hacia la incorporación de herramientas tecnológicas en la gestión judicial, pero deja en claro que la inteligencia artificial no podrá sustituir el criterio humano ni alterar las garantías esenciales del proceso judicial.