Tras desempeñar un papel clave en la victoria del Partido Colorado en la Guerra Civil de 1947, Alfredo Stroessner asumió como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas paraguayas. Desde ese cargo, encabezó el golpe de Estado contra Federico Chávez, quien había llegado al poder tras una seguidilla de cuatro gobiernos en menos de dos años, todos colorados. Ese quiebre político dio inicio a una de las dictaduras cívico-militares más prolongadas de la historia contemporánea y la más extensa en América Latina.
CONTEXTO DE LA GUERRA FRÍA
La inestabilidad política posterior a la Guerra del Chaco y a la Guerra Civil de 1947 alimentó en la sociedad una fuerte demanda de “orden”, que el régimen capitalizó para consolidarse. En ese marco, sostuvo su poder en un pacto cívico-militar que articuló a las Fuerzas Armadas con sectores del Partido Colorado.
A la par, el gobierno se alineó con Estados Unidos en plena Guerra Fría, bajo la premisa de una “democracia sin comunismo”. En el plano económico, impulsó una etapa de expansión durante la década de 1970, apalancada en grandes obras como Itaipú, que generaron crecimiento y empleo.
Sin embargo, ese desarrollo no se tradujo en una distribución equitativa de la riqueza y coexistió con un sistema de represión, persecución política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
LAS CIFRAS DEL TERROR
Durante la dictadura (1954–1989), los registros de los Archivos del Terror y de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay documentan un aparato represivo estructurado: cerca de 20.000 personas fueron detenidas arbitrariamente, más de 18.000 padecieron torturas, se registraron alrededor de 400 desapariciones forzadas y una cifra similar de ejecuciones o asesinatos políticos, además de secuestros, exilios masivos y numerosos casos de violencia sexual, incluidas violaciones —también contra mujeres, niñas y adolescentes detenidas por motivos políticos—.
Investigaciones periodísticas y testimonios posteriores describen, además, la existencia de redes de abuso sistemático contra menores, con casos de niñas sometidas a explotación sexual en entornos vinculados al poder, aunque sin una cifra consolidada debido al subregistro y la impunidad de la época.
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
En un fallo considerado histórico, el 12 de febrero de 2026 un Tribunal de Sentencia condenó a tres expolicías por torturas contra prisioneros políticos en 1976: Eusebio Torres Romero recibió 25 años de prisión, sumándose a una condena previa de 30 años dictada en 2024; Fortunato Lorenzo Laspina fue condenado a 25 años; y Manuel Crescencio Alcaraz a 20 años.
Este avance judicial reabre el debate sobre un posible proceso de reparación para las víctimas. En ese contexto, la Plataforma Social de Derechos Humanos convoca para hoy, 4 de mayo, a las 18:00, al festival “Destronizate” en la Plaza de los Desaparecidos.