Editorial AZETA S.A., empresa editora de ABC Color, deberá afrontar una erogación cercana a G. 1.500 millones tras perder el juicio promovido por el periodista Marcos Ricardo Velázquez, despedido en abril de 2020 luego de más de 26 años de trabajo en el medio. El caso se extendió durante seis años y terminó con decisiones judiciales favorables al trabajador.
Lo que comenzó con un despido en plena pandemia terminó convirtiéndose en un costoso revés judicial para uno de los grupos periodísticos de mayor influencia del país.
Marcos Ricardo Velázquez recurrió a la Justicia luego de ser desvinculado de Editorial AZETA S.A. en abril de 2020. En primera instancia, la jueza laboral Greta Katherine Aquino resolvió a favor del periodista y cuestionó la actuación de la patronal, señalando que existió un “ejercicio abusivo e ilegítimo del poder de dirección”. Posteriormente, la resolución fue confirmada por un Tribunal de Apelaciones.
La sentencia estableció el pago de salarios y aguinaldos caídos durante más de cinco años, intereses moratorios y la reposición del trabajador en condiciones equivalentes a las que tenía antes de su desvinculación.
ABC terminó allanándose
La controversia continuó incluso después de las resoluciones adversas.
Según los antecedentes publicados sobre el expediente, la representación de ABC Color planteó que la jubilación del periodista impedía concretar su reincorporación. La defensa de Velázquez rechazó esa posición y advirtió sobre un eventual desacato en caso de incumplimiento de la orden judicial.
Finalmente, Editorial AZETA se allanó al cumplimiento de la sentencia y procedió al pago de los conceptos laborales reconocidos judicialmente, incluyendo la indemnización por despido injustificado correspondiente a una antigüedad superior a los 30 años computada para el cálculo final.
Una cuenta que ronda los G. 1.500 millones
El costo total del conflicto laboral orilla los G. 1.500 millones, considerando salarios caídos, aguinaldos, intereses, indemnizaciones y honorarios profesionales vinculados al proceso.
El desenlace deja una incómoda paradoja para una empresa periodística acostumbrada a reclamar desde sus páginas transparencia, legalidad y respeto a las instituciones: esta vez fue la propia Justicia la que terminó obligando al grupo empresarial a responder por una decisión laboral considerada injustificada.
Más allá de quién sea el empleador, el caso vuelve a recordar un principio elemental: el poder económico, empresarial o mediático no coloca a nadie por encima de las leyes laborales.
Después de seis años de tribunales, Velázquez consiguió el reconocimiento de sus reclamos. Para ABC Color, la desvinculación que comenzó en 2020 terminó transformándose en una obligación económica cercana a los G. 1.500 millones y en un duro revés judicial para Editorial AZETA.
