El abogado Óscar Tuma se pronunció públicamente luego de ser imputado por el Ministerio Público, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y frustración a la persecución penal, junto a su cliente Alexander Gómez, hijo del fallecido diputado Lalo Gómez.
Durante una extensa conferencia de prensa, Tuma aseguró que no existió ninguna maniobra dolosa, y que todo lo actuado fue parte de un acuerdo de honorarios firmado con Alexander Gómez en agosto de 2024. Según explicó, en ese contrato se estipulaba que recibiría el 20% de los bienes heredados por su cliente, dentro del proceso sucesorio, y USD 300.000 por la defensa penal.
«No hay otra víctima. El Estado no comisó nada. Lo único que hice fue cobrar lo que me corresponde como abogado», afirmó, al defender la legalidad de la transferencia de cuatro inmuebles que recibió como parte del pago por sus servicios.
Tuma responsabilizó al Registro Público por un supuesto error administrativo que habría permitido la transferencia pese a una inhibición judicial. Aseguró que desconocía que los bienes estaban bloqueados y anunció que demandará a la funcionaria del registro involucrada, además de presentar una denuncia penal por el perjuicio ocasionado.
«El error fue del Registro. Yo no participé de ninguna maniobra. Todo lo que recibí está documentado, fue facturado y declarado», recalcó, y afirmó que de haber existido intención de ocultar bienes, su cliente habría transferido toda la herencia, no apenas cuatro inmuebles.
El abogado cuestionó duramente al Ministerio Público, al que acusó de actuar con apuro y sin solicitar las medidas de no innovar sobre los inmuebles transferidos durante más de un año. También denunció que la imputación tiene connotaciones políticas, y dijo que recibió llamados de respaldo de varios colegas y referentes del ámbito jurídico.
Además, se refirió al proyecto de ley que él mismo impulsó en el Congreso, señalando que busca proteger a terceros de buena fe, como acreedores o herederos, que muchas veces quedan desamparados en causas penales.
“Este caso es una muestra de que no se puede decomisar todo indiscriminadamente. Hay derechos adquiridos que deben ser defendidos”, sentenció.
Finalmente, aseguró que no se apartará de la defensa de Alexander Gómez, pese a haber sido liberado por la familia del fallecido diputado de cualquier obligación profesional.
El caso sigue bajo investigación, y tanto Tuma como Gómez fueron imputados por supuestamente haber operado una maniobra para evitar el comiso de bienes vinculados a una investigación penal, en medio de una sucesión millonaria que ronda entre los USD 25 y 30 millones.