La administración del Comité Olímpico Paraguayo (COP) vuelve a estar en el centro del debate tras cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos transferidos desde el Estado para la organización de eventos deportivos internacionales.
El actual presidente del COP y candidato a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez López Moreira, aspira a administrar un presupuesto municipal multimillonario, lo que ha reavivado críticas sobre los mecanismos de rendición de cuentas en su gestión al frente del organismo deportivo.
¿Eventos autosustentados o financiados con fondos públicos?
De acuerdo a dirigentes y fuentes vinculadas al ámbito deportivo, los campeonatos sudamericanos, panamericanos y otras competencias internacionales organizadas en Paraguay cuentan con un esquema de financiamiento propio.
En la mayoría de los casos:
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Las federaciones nacionales manejan presupuestos independientes.
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Las delegaciones participantes cubren sus gastos mediante sus propios comités y patrocinadores.
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Existen aportes de patrocinadores privados y organismos internacionales.
Bajo ese modelo, sostienen que estos eventos son autosustentables, como ocurre en gran parte del mundo.
Sin embargo, en Paraguay se registraron transferencias estatales destinadas al deporte, lo que generó interrogantes sobre la necesidad real de inyecciones de capital público para competencias que, según este planteamiento, podrían sostenerse sin fondos del Tesoro.
Pedido de informes de la Contraloría
La Contraloría General de la República solicitó informes relacionados con transferencias realizadas por la Secretaría Nacional de Deportes al Comité Olímpico Paraguayo.
El objetivo es conocer:
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El monto total transferido.
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El destino específico de los recursos.
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Los mecanismos de control y ejecución.
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Los informes de rendición presentados.
Este requerimiento se enmarca dentro de las atribuciones de control del órgano contralor sobre el uso de recursos públicos.
Debate sobre transparencia
Uno de los puntos más discutidos es el régimen jurídico del Comité Olímpico. Al tratarse de una entidad de naturaleza privada con funciones deportivas reconocidas por ley, existe debate sobre el alcance de los controles públicos cuando recibe fondos estatales.
Desde sectores críticos señalan que:
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El COP cuenta con un marco normativo que le otorga autonomía administrativa.
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Las transferencias públicas deberían estar sujetas a controles más estrictos.
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La transparencia debe ser proporcional al volumen de recursos recibidos.
También se cuestiona si la información sobre futuras asignaciones presupuestarias para el deporte pudo haber sido conocida con anticipación dentro del ámbito dirigencial, lo que habría permitido estructurar apoyos internos en función de esa expectativa de recursos.
Contexto político
La discusión cobra relevancia política debido a la candidatura de Camilo Pérez a la Municipalidad de Asunción.
Administrar el presupuesto capitalino implica obligaciones estrictas de rendición de cuentas, auditorías permanentes y control ciudadano. En ese sentido, sectores opositores sostienen que la gestión deportiva debería ofrecer estándares similares de transparencia cuando involucra fondos públicos.
El eje central del debate
La pregunta que hoy se instala en el escenario público es concreta:
Si los eventos internacionales organizados por el Comité Olímpico son autosustentables, ¿cuál es la justificación de las transferencias estatales y cómo se ejecutaron esos recursos?
La respuesta deberá surgir de los informes oficiales y de los mecanismos de control en curso.
El tema permanece abierto y bajo observación institucional.