La Cámara de Apelaciones rechazó los recursos presentados por la defensa del senador colorado Erico Galeano, dejando firme su condena en el marco del caso “A Ultranza”, una de las investigaciones más grandes contra el crimen organizado en Paraguay.
La decisión no es menor. La segunda instancia judicial no encontró errores ni vicios en el fallo original, que ya había declarado culpable a Galeano por hechos vinculados al esquema de narcotráfico y lavado de dinero.
El caso tiene un trasfondo pesado: el Ministerio Público sostiene que el ahora condenado participó en la inserción de dinero ilícito al sistema legal y brindó apoyo logístico a estructuras criminales, ligadas a figuras como Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el uruguayo Sebastián Marset.
La defensa había intentado anular la sentencia alegando errores en la valoración de pruebas y falta de conocimiento sobre el origen del dinero. Sin embargo, la Cámara desestimó estos argumentos, consolidando la responsabilidad penal ya establecida en juicio.
Impacto político y judicial
El caso trasciende lo penal. Galeano no es un ciudadano cualquiera: fue senador activo, con peso dentro del oficialismo. Su condena abre nuevamente el debate sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas y el rol de los controles institucionales.
Además, el proceso se enmarca dentro del operativo “A Ultranza PY”, que reveló conexiones entre narcotráfico, lavado de activos y sectores del poder.
