Un lapidario informe de la Contraloría General de la República sobre la administración de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) correspondiente al ejercicio fiscal 2024, revela irregularidades graves en el manejo de fondos públicos. La directora Nidia López, actualmente imputada y con suspensión provisional en el escándalo de la compra de detergentes durante su gestión en el área social de la Municipalidad de Asunción, sigue al frente de la institución.

Irregularidades detectadas
El informe de la Contraloría detalla múltiples observaciones que exponen un manejo cuestionable de los recursos públicos, entre ellas:
• Cuentas millonarias omitidas: DINACOPA no incluyó en sus estados financieros los saldos de cuatro cuentas de ahorro en el BNF.
• Registro caótico de cheques: No se registraron correctamente las recaudaciones y pagos en cuentas corrientes.
• Pagos fuera de ejercicio fiscal: En enero de 2024 se pagaron G. 164.716.691 correspondientes a gastos de 2023, sin registrarlos contablemente.
• Clasificación fraudulenta de activos: Se incluyeron G. 1.702 millones en cuentas por cobrar a corto plazo, aunque más de G. 1.323 millones datan desde 2019, sin probabilidad de recuperarse.
La Contraloría emitió 19 recomendaciones para corregir el desorden administrativo, pero pocas o ninguna se habrían aplicado.
El polémico caso detergentes
López enfrenta una imputación en la causa conocida como “caso detergentes”, cuando era ordenadora de gastos en la Municipalidad de Asunción. En el proceso, admitió el hecho punible y obtuvo una “salida procesal”, lo que generó fuertes cuestionamientos.
Pese a esta situación judicial, continúa administrando fondos públicos como directora general de DINACOPA, un hecho que genera indignación y preocupación sobre la transparencia institucional.
La pregunta incómoda
¿Cómo es posible que una funcionaria imputada, investigada y con antecedentes de mala administración siga al frente de una institución que maneja millones en recursos públicos?
La Contraloría ya hizo su parte. Ahora, la pelota está en la cancha de las autoridades políticas y judiciales.